Casi doscientas personas han pedido ya al Defensor del Pueblo, a través de la plataforma Change.org, que intervenga ante el cierre inesperado de las nueve clínicas dentales que la cadena Funnydent tiene en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. En la petición, que dirigen al Defensor y que hasta ahora han firmado más de 180 personas, se asegura que son más de 1.000 los afectados por el cierre de estos establecimientos a los que "les han dejado con tratamientos a medio hacer con las consecuencias graves para la salud que esto conlleva".
La petición apunta que las clínicas han desaparecido "de la noche a la mañana" y han dejado a los pacientes "con las bocas medio operadas", con lo que pide responsabilidades al dueño, Cristóbal López Vivar, que, según el texto, "ha desaparecido" con el dinero de los usuarios "y lo que es peor" perjudicando su salud. Por eso, en la solicitud, los afectados piden amparo a la institución del Defensor del Pueblo para que, si puede, intervenga con el fin de que López Vivar "sea condenado por un delito contra la salud pública".
El Defensor del Pueblo, tal y como figura en la web de esta institución, no puede actuar si se trata de conflictos entre particulares o con empresas privadas que no sean agentes de la Administración. Según la web de Funnydent, sus clínicas se encuentran en las localidades madrileñas de Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y en las barceloneses de Sabadell y Mataró.
Por su parte, el Consejo General de Dentistas de España subraya, en un comunicado, que en caso de que los usuarios ante el cierre de las clínicas sientan que sus derechos han sido vulnerados contacten con el Colegio Oficial de Dentistas, así como con las organizaciones de consumidores y usuarios de su demarcación territorial "para informarse de sus derechos y activar las acciones legales oportunas".
En el caso de los trabajadores de Funnydent, igualmente, el Consejo apunta que pueden contactar con los Colegios Profesionales "para recibir información de los derechos que les asisten". Asimismo, destaca que los afectados de las clínicas que han financiado sus tratamientos total o parcialmente y aún no los han finalizado, "deberán informarse sobre las actuaciones a seguir dado que la Ley de Créditos al Consumo prevé estas situaciones para garantizar sus derechos".
