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con el fin de evitar una multa de la UE
Los estibadores retoman la negociación tras el 'no' del Congreso al decreto del Gobierno
El Gobierno confía en que la consecución de un acuerdo entre patronal y sindicatos sobre los aspectos laborales de la reforma permita levantar el histórico bloqueo político con que se encontró su tramitación parlamentaria y que los grupos apoyen la nueva iniciativa legal que presente a la Cámara.
Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco retomarán este martes la negociación sobre los aspectos laborales de la reforma del sector de la estiba que promueve el Gobierno para liberalizarlo y que cumpla con la normativa europea, con el fin de evitar una multa de la UE.
Al encuentro acudirá un representante del Ejecutivo y tendrá lugar después de que el pasado jueves el Congreso rechazara el Decreto Ley con el que el Gobierno articulaba la reforma. En la reunión, a la que también asistirá el mediador, el presidente del CES, Marcos Peña, tendrá lugar en la sede de esta institución a partir de las 16.00 horas, según han informado en fuentes sindicales.
Las empresas y los trabajadores se sentarán a la mesa para analizar la propuesta de acuerdo que el Gobierno, a través del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, presentó por sorpresa en la última reunión, la del pasado miércoles, la víspera del debate del Decreto en el Congreso.
El Gobierno confía en que la consecución de un acuerdo entre patronal y sindicatos sobre los aspectos laborales de la reforma permita levantar el histórico bloqueo político con que se encontró su tramitación parlamentaria y que los grupos apoyen la nueva iniciativa legal que presente a la Cámara.
Con la reforma de la estiba, el Gobierno busca romper el monopolio de facto en el que actualmente se presta este servicio de carga y descarga de mercancía de los barcos en los puertos, pero también cumplir con el Tratado de la UE, al que actualmente contraviene este sector por obstaculizar la libertad de empresa.
El fin último es evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una sanción a España, que implicaría una multa diaria de 134.000 euros, por no haber cumplido una primera sentencia emitida en diciembre de 2014 y con la que ya se acumula una multa de 21,5 millones.
Para lograr un acuerdo que a su vez desencalle la legislación de la reforma del sector, Fomento, en colaboración con el Ministerio de Empleo, presentó la referida propuesta de acuerdo, que incluye cuatro puntos.
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