El Gobierno prevé recaudar 600 millones de euros este año con el nuevo impuesto a los servicios digitales, de acuerdo con el plan de estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas.
El Ejecutivo explica a Bruselas que planteará la puesta en marcha de un nuevo impuesto "sobre determinados servicios digitales" para lograr que las grandes empresas de la economía digital "tributen allí donde se crea el valor añadido".
Así, el nuevo impuesto se aplicará solo a las empresas con un "elevado" nivel de ingresos, que no detalla, y exclusivamente por la prestación de servicios digitales, que son "los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes".
Este impuesto, que reportará 600 millones anuales, se enmarca en el debate europeo sobre la fiscalidad de la economía digital, aunque se anticipará su aplicación en España. Esta nueva fiscalidad ya había sido anunciada la pasada semana por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que la apuntó como una de las medidas que contribuirán a financiar la subida de las pensiones en un 1,6% este año, y que según el plan remitido a Bruselas tendrá un coste adicional de 1.522 millones de euros.
El plan añade que se planteará al Pacto de Toledo la adopción de nuevas figuras tributarias para compensar el coste de las pensiones con las que se ingresarán 600 millones este año y 1.500 millones el próximo.
Otra de las vías apuntadas por Montoro para sufragar la subida de las pensiones es el ahorro en el rescate de las autopistas, que de acuerdo al plan de estabilidad tendrá un coste de 1.800 millones este año, menos de lo esperado, y que además podrá ser parcialmente compensado gracias a su relicitación, de la que el Estado espera obtener unos ingresos de unos 1.000 millones.
El Gobierno incorpora en este plan un escenario de crecimiento si no se pusiera en marcha ninguna medida, en el que el aumento de la actividad económica sería del 2,5% este año, dos décimas por debajo de lo estimado con iniciativas de política económica.
Explica que las medidas previstas, como la subida del sueldo de los funcionarios, la bajada del IRPF o la revalorización de las pensiones, tendrán un impacto positivo sobre el crecimiento principalmente por su impacto en la demanda nacional, ya que al aumentar la renta disponible de los hogares, parte de ésta se trasladaría al consumo.
En cuanto a los riesgos para el crecimiento económico, el Gobierno cita una normalización de la política monetaria más rápida de lo previsto, la incertidumbre sobre el impacto del 'brexit' o un incremento de los precios del petróleo mayor al esperado.
