La Infanta Cristina queda absuelta pero es condenada a una multa de 265.088 euros

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a la Infanta Cristina a una multa de más de 265.088 euros como responsable a título lucrativo por el caso Nóos, si bien la absuelve como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008. Iñaki Urdangarín, por su parte, ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel y multa de 512.553 euros.

La infanta, que fue juzgada junto a su esposo a instancias de Manos Limpias, que pedía para ella una condena de ocho años de prisión, ha sido sentenciada a pagar junto a Urdangarin 265.088 euros en calidad de corresponsable civil a título lucrativo.

La Justicia tendrá que devolver a la Infanta al menos 322.225 euros

La Justicia tendrá que devolver a la Infanta al menos 322.225 euros después de que el tribunal que la juzgó junto a su marido, Iñaki Urdangarin, la haya declarado partícipe a título lucrativo por una cantidad total de 265.088 euros.

La defensa de la Infanta depositó en diciembre de 2014 587.413 euros que le reclamaba entonces la Fiscalía Anticorrupción al considerar que la entonces Duquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido.

Esta cantidad podría incrementarse debido a que el fallo de la sentencia del caso Noos, que la absuelve como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su esposo, especifica que debe hacer frente a la responsabilidad civil "de forma solidaria con su esposo".

La sentencia dada a conocer este viernes, casi ocho meses desde que el juicio quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio, depura las responsabilidades atribuidas a un total de 17 acusados por el desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos.

Negó haber participado en la gestión o en la administración de Aizoon

También ha resultado absuelta Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, el socio de Urdangarin, aunque igualmente el tribunal la considera responsable civil a título lucrativo de forma solidaria con su marido por un montante de casi 345.000 euros.

Cuando prestó declaración como acusada ante el tribunal, la Infanta Cristina se amparó en la "confianza" que tiene en su marido para explicar su participación al 50% en la sociedad Aizoon que fundaron juntos y dijo creer "plenamente en su inocencia". "Todo lo que hacíamos estaba controlado", dijo sobre la creación de Aizoon en 2003.

Negó haber participado en la gestión o en la administración de Aizoon así como haber tenido jamás cuentas en paraísos fiscales, salvo la que ahora utiliza en Suiza por residir en Ginebra. Declaró que las decisiones las tomaba su marido, que ella no tenía poderes en la sociedad, ni recibía sus extractos bancarios, ni tampoco usaba la tarjeta visa corporativa a su nombre ("la custodiaba él"), ni asistió a ninguna junta, aunque su rúbrica aparece en las actas: "Me las pasaban a la firma y por la confianza que tenía en mi marido y en sus asesores, las firmaba".

La crearon "para canalizar los ingresos derivados del trabajo profesional en asesoría y consultoría" de su marido y sobre por qué ella firmó como copropietaria ha dicho: "Por confianza, así me lo pidió y yo lo acepté". El abogado defensor de la infanta, Pau Molins, aseguró en su alegato final en el juicio que la infanta ha sido víctima durante "los últimos años" de "una masa de prejuicios" y que "Aizoon representaba un papel marginal en la vida de doña Cristina", por lo que atribuirle conocimiento de la actividad de la empresa que administraba su marido solo se explica tergiversando los hechos.