El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha aplazado la decisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de relevar a los dos miembros de la carrera que hasta ahora estaban asignados a la instrucción del denominado 'caso del 3%', en el que se investigan presuntas comisiones ilegales de CDC en Cataluña. Ante el Consejo Fiscal, ha señalado que necesita más información antes de refrendar este cambio.
Por otro lado, el Consejo Fiscal celebrado este jueves ha rechazado conceder el amparo solicitado precisamente por los fiscales del 3%-José Grinda y Fernando Bermejo- más un tercero, Juan José Rosa, tras ser acusados de coacciones por un investigado en el 'caso Emperador' que denunció ser presionado para declarar en contra de los Pujol.
El Consejo Fiscal, que es un órgano de carácter consultivo, justifica esta decisión de no ampararles en una cuestión técnica por la situación de la tramitación en la que se encuentra la denuncia, que fue cursada a la Fiscalía de Cataluña por el propio Moix y ya se está investigando. El Consejo Fiscal prefiere no interferir en este proceso de investigación disciplinaria interna.
Ambas decisiones fueron comunicadas al término del Consejo Fiscal por los vocales en el Consejo Cristina Dexeus -de la Fiscalía de Barcelona y que ha hablado por cuenta de los fiscales de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF)- y Eduardo Esteban, fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y uno de los tres vocales que representan a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en este órgano.
División en el Ministerio Público
La reunión, que ha comenzado a las 9.30 horas de este jueves, se ha prolongado durante casi cinco horas. Se ha tratado de un Consejo convulso y que ha terminado en un turno de ruegos y preguntas en el que los tres vocales elegidos por la UPF han pedido que Moix sea sustituido en Anticorrupción. El resto de miembros de este órgano, que son nueve en total, ha votado en contra de esta propuesta.
Por lo que se refiere a los fiscales del 3%, Esteban ha explicado a los numerosos periodistas que seguían la reunión del Consejo Fiscal que de momento seguirán en su puesto tras posponerse por Maza la decisión de relevarles "en espera de mayor información" que se ha solicitado tanto a Moix como a los afectados. La propuesta de Moix era sustituirles por otros dos fiscales del departamento Anticorrupción que tienen sus despachos en Barcelona, Fernando Maldonado -que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV- y Teresa Duerto. Esta última es la que sustituyó en su día a Bermejo cuando éste fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Madrid.
Según las fuentes consultadas, la decisión de Moix estaría dirigida a evitar que estos fiscales invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior en el marco de la investigación judicial por este asunto. Según la explicación oficial, sin embargo, la sustitución persigue "que los fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la Fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid".
Las discrepancias entre los dos fiscales sustituidos y su jefe se encontrarían en el papel que la acusación pública tiene que atribuir en este asunto al exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, que según la postura de los fiscales que hasta ahora han llevado esta investigación era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.
El cambio, según anunció la propia Fiscalía General del Estado en un comunicado oficial "no supone modificación alguna en la línea que ha mantenido la Fiscalía en cada uno de los procedimientos y facilitará la asistencia a la práctica de diligencias". La decisión final de Maza, que debe refrendar esta postura de su fiscal jefe Anticorrupción.queda ahora pendiente de la información adicional solicitada.
