El caso del 3%, que desde 2013 investiga el presunto pago de comisiones a CDC, ha puesto ahora bajo sospecha la adjudicación de obra pública por el gobierno municipal de Xavier Trias en Barcelona, en una operación en que han sido detenidos tres cargos del partido y el presidente del Puerto, Sixte Cambra.
En la cuarta fase del llamado caso del 3%, la Guardia Civil ha detenido a 18 personas, entre ellas el tesorero de Convergència Andreu Viloca, el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives -uno de los principales colaboradores de Trias y que también está imputado en otra causa por contrataciones ilegales cuando gestionaba Barcelona Regional-, y el antiguo responsable de los servicios jurídicos de CDC Francesc Sánchez.
Al menos seis de los detenidos han sido trasladados a comandancia de la Guardia Civil en Tarragona, entre ellos Viloca y Vives. Según han informado fuentes cercanas al caso, si bien la mayoría de los 18 detenidos en la operación han quedado en libertad, al menos seis de ellos han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil, a la espera de pasar a disposición del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
Los otros detenidos que han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Tarragona son el exresponsable de asuntos jurídicos de CDC Francesc Sánchez y el exdirector general de Infraestructuras Josep Antoni Rosell, que fue destituido en el cargo tras su primer arresto por esta causa, en 2015.
Otros detenidos que también han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil son el exdirectivo de Copisa Francesc Xavier T. -imputado por la Audiencia Nacional por el supuesto pago de comisiones a Jordi Pujol Ferrusola-, y el delegado en Cataluña de Oproler, Josep Manel Bassols.
Bassols, que ya fue detenido en 2015 en una operación anterior del caso del 3%, es esposo de Núria Bassols, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a quien Artur Mas fichó como comisionada de Transparencia de la Generalitat, semanas después de que archivara el "caso Adigsa" de presunta corrupción para el exdiputado de CiU y exsecretario general de Territorio de la Generalitat Ferran Falcó.
La investigación se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a fundaciones satélite del partido catalán.
Se trata de las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA), en las que agentes de la Guardia Civil están practicando registros y detenciones. Las investigaciones apuntan a que estas compañías adjudicaban obras públicas a otras empresas a cambio de una contraprestación, presuntamente el 3%, que llegaba a fundaciones satélite del partido catalán.
La operación Pika es continuación de las tres fases de la operación Petrum, desarrolladas por la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y que investiga desde 2015 el presunto pago de comisiones del 3% a CDC a cambio de obra pública. Con todo, el caso se remonta a hace una década cuando en 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Parqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): "Ustedes tienen un problema y se llama 3%".
Las palabras de Maragall no eran más que una velada acusación a que durante años de Gobierno de CiU las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servían para financiar la formación nacionalista. Casi una década después, la operación Petrum y ahora la Pika son las últimas líneas de investigación abiertas sobre esas supuestas comisiones.
La operación tiene su origen en un presunto caso de corrupción investigado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la exconcejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull.
