La seguridad en consulado en Libia era deficiente antes de ataque de Bengasi

La investigación independiente del asalto al consulado de EE.UU. en Bengasi (Libia) del pasado 11 de septiembre revela fallos de seguridad antes de ese ataque y culpa de ello al Departamento de Estado, según la parte del informe no clasificada hecha pública hoy.

El informe, recibido este lunes por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, critica duramente al Departamento de Estado por la "falta de personal experimentado y probado" para garantizar la seguridad del consulado, que estaba siendo protegido básicamente por "milicias locales".

En una carta enviada al Congreso, Clinton sostuvo que acepta todas las recomendaciones (un total de 29, algunas clasificadas) del informe independiente.

Además, Clinton explicó en la carta que se están tomando medidas concretas para corregir las deficiencias en la protección de las misiones diplomáticas de EE.UU., como el uso de 1.300 millones de dólares para el envío de marines adicionales y la mejora de las instalaciones.

Según la investigación, el Departamento de Estado "ignoró" peticiones de funcionarios de la embajada en Trípoli para mejorar la seguridad del consulado en Bengasi antes del ataque, en el que murieron el embajador estadounidense en Libia, Chris Stevens, y otros tres compatriotas.

El Departamento de Estado "esperó (a recibir) advertencias de ataques inminentes para actuar en lugar de adaptar los procedimientos y protocolos en un entorno de deterioro de la seguridad". La parte no clasificada del informe fue divulgada hoy por el Departamento de Estado y confirma, además, que no hubo protestas contra un vídeo antimusulmán a las afueras del consulado, como se indicó en un principio, sino que se trató de un ataque cometido por terroristas.

Pese a que la investigación culpa a dos agencias del Departamento de Estado, la de seguridad diplomática y la de Asuntos de Oriente Próximo, de no haber coordinado un plan de seguridad adecuado para el consulado, no considera que se deba iniciar una acción disciplinaria contra ningún funcionario.