Las principales propuestas de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD

>>MEDIDAS SOBRE IMPUESTOS (IRPF E IVA)

El Partido Popular se compromete a reducir en dos puntos los tipos máximo y mínimo del IRPF y a eximir de pago durante un año a los nuevos contratos  indefinidos, los temporales que se conviertan en indefinidos y a quienes prolonguen su vida laboral en vez de jubilarse. En cuanto al IVA, no hace referencia en sus compromisos electorales.

El PSOE reformarán de forma íntegra el IRPF para incluir en él el patrimonio y no sólo las rentas, aunque su programa no aporta detalles, que deben acordarse en el futuro Parlamento. Los socialistas se han comprometido públicamente a bajar el IVA cultural al 10% de forma inmediata y a reclamar en Bruselas un tipo armonizado del 5% en toda la UE.

Ciudadanos opta por reducir de cinco a cuatro los tramos con tipos marginales más bajos (18,40% hasta 22.100 euros y 43,5% a partir de 17.338 euros), lo que supondrá una rebaja media del 3%. Los mínimos se mantendrán, salvo los del tercer hijo, que se elevará a 4.560 euros, y los del cuarto o siguientes, que sube a 5.690 euros.

Quieren reducir los dos tipos de IVA: Uno general del 18% y uno reducido del 7%, que incluiría todos los bienes de primera necesidad actualmente en el superreducido, más los productos culturales y la hostelería.

Podemos quiere ampliar los tramos a las rentas de más de 60.000 euros anuales hasta llegar al 55% para las de más de 300.000 euros.  Pretende aumentar los alimentos y bebidas no alcohólicas sujetos a tipo superreducido (4%), aplicar el reducido (10%) a calefacción, gas y luz.

Unidad Popular-Izquierda Unida pretende "profundizar en la progresividad fiscal" e igualar la tributación de las rentas del trabajo y del capital.

Quiere una "estructura progresiva de tipos del IVA tendente a su reducción" y reclasificará los productos y servicios de cada tipo, aumentando al 25% el gravamen sobre bienes suntuarios y reduciéndolo para bienes de primera necesidad o culturales.

UPyD abordará una reforma fiscal "profunda" centrada en el capital y la riqueza, ampliando bases y revisando conjuntamente IRPF y Patrimonio. También UPYD aboga por ordenar "adecuadamente" los bienes y servicios de cada tipo y por revertir la subida "arbitraria" del IVA cultural.

>>MEDIDAS PARA LOS AUTÓNOMOS

El Partido Popular contempla en su programa electoral articular un sistema por el cual los autónomos dispongan de mayor flexibilidad y capacidad de elección de sus cotizaciones, así como flexibilizar el régimen de aplazamientos en las cotizaciones de los autónomos.

El PSOE considera el derecho a emprender como la fórmula que asegura el crecimiento económico. Por ello, la formación estima "necesario" reforzar el ICO como instrumento de financiación de empresas y autónomos. Propone también que la cotización de los autónomos se haga en función de sus ingresos y de forma trimestral en vez de mensual.

Ciudadanos plantea el alta gratuita para los autónomos que tengan ingresos por debajo del salario mínimo interproferional a los que les girará un 7,2% de lo ganado en neto de cuota a la Seguridad Social.

Podemos propone cuotas "justas" para los autónomos y para quienes facturen por encima del SMI establecerán cuotas a la Seguridad Social porcentuales y prograsivas en función del rendimiento neto. Para los que facturen por debajo del SMI establecerán un alta gratuita.

Unidad Popular-Izquierda Unida otorgará incentivos fiscales y económicos para los trabajadores autónomos que cooperen entre sí. Además concederán la jubilación anticipada a los autónomos con más de 42 años cotizados. Los autónomos que únicamente trabajen "unos días" durante un mes no deberán abonar la cotización mensual.

UPyD implementará un sistema de cotización a la Seguridad Social para los autónomos que tenga en cuenta los ingresos reales. También contempla retrasar el pago de tasas e impuestos de los nuevos autónomos a la obtención de beneficios. Ademas, UPyD estima necesario reducir las cargas administrativo­fiscales de los autónomos.

>>MEDIDAS DE SANIDAD

El Partido Popular no tocará el real decreto ley 16/2012, mediante el que el Gobierno popular introdujo restricciones al acceso a la sanidad a los inmigrantes. Sí dice que seguirá trabajando para que los pacientes reciban una atención sanitaria pública de máxima calidad, con independencia de en qué comunidad vivan. A nivel asistencial, sigue el compromiso de agilizar los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.

El PSOE propone un 'pacto de Toledo' sanitario y defiende el mantenimiento de la titularidad pública de los hospitales y centros de salud y de los servicios sanitarios y clínicos que se prestan en los mismos. Quiere que se reconozca como derecho fundamental en la Constitución el derecho a la protección de la salud.

Ciudadanos propone que la atención a pacientes protegidos por el sistema público se realice "preferentemente" en centros de gestión pública directa y de forma complementaria en centros privados. Se compromete a no establecer nuevos repagos o tasas "en servicios diferentes a la prestación farmacéutica".

Podemos quiere incorporar la salud "como cuestión transversal a todas las políticas públicas". Dice que ampliará la cartera de medicamentos financiados, pero no dice cuánto o cómo.

Unidad Popular-Izquierda Unida apuesta por una financiación, gestión y provisión públicas. Prohibirá expresamente la privatización de cualquier infraestructura sanitaria pública. Eliminará repagos, se compromete a no crear tasas como el euro por receta y se financiarán los tratamientos que fueron excluidos por el RDL16/20.

UPyD aboga por un proceso de racionalización y eliminación de duplicidades del sistema. Estima un posible ahorro de hasta 26.000 millones adelgazando las Administraciones, extendiendo a todas las regiones los criterios de las tres más eficientes o eliminando organismos superfluos y competencias duplicadas. Rechaza el copago, apuesta por una sanidad 100% pública.

>>MEDIDAS SOBRE EDUCACIÓN

El Partido Popular apuesta por conseguir un pacto de estado por la Educación, poner en marcha un programa de apoyo y refuerzo para los alumnos con necesidades especiales y con altas capacidades y emitir contenidos infantiles por televisión en versión original. Además, elaborar un plan de convivencia defendiendo la autoridad de los docentes y los equipos directivos y un plan de lucha contra el acoso.

El PSOE busca alcanzar una financiación del sistema educativo del 5% del PIB, derogar la Lomce y sus evaluaciones externas, evitando sus consecuencias en el expediente del alumnado. Establecer la gratuidad de los libros de texto y obligar a las administraciones a ofertar plazas públicas hasta los 18 años.

Ciudadanos propone aprobar un pacto nacional por la Educación y establecer sistemas para compartir libros de texto, que serían comprados por los colegios y usados por los alumnos en calidad de préstamo. Además, implantar un modelo de profesores de apoyo que cooperen con los docentes en su aula y crear un MIR docente.

Podemos pide incrementar progresivamente el presupuesto del sistema educativo hasta el 4,9% del PIB en 2020 y elaborar una nueva ley de Educación con la participación de la comunidad educativa. Además, diseñar un plan nacional de Educación inclusiva, escolarizando al alumnado con discapacidad funcional en centros ordinarios y crear un plan de aprendizaje integrado de las lenguas extranjeras.

Unidad Popular-Izquierda Unida propone crear una ley de Educación con la participación de toda la comunidad educativa y aumentar el presupuesto hasta el 7% del PIB.Además, garantizar la gratuidad real de la Educación: libros y comedor escolar, reducir la ratio hasta un máximo de 20 alumnos en Primaria y Secundaria y crear plazas públicas suficientes de 0 a 3 años. Además, eliminarían la religión, garantizando un sistema educativo laico.

UPyD propone devolver la Educación al Estado y que no haya clases de Religión.

>> MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Partido Popular se basa en tres grandes pilares: la ejemplaridad de los cargos públicos, la contundencia de la ley y la justicia y la transparencia como mejor antídoto contra la corrupción. La dimisión se fija en el momento en que se abra el juicio oral. Sobre indultos y aforamientos, se habla de impulsar una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria  así como un compromiso de reducir los aforamientos.

El PSOE aboga por una despatrimonialización política de algunos órganos de control interno de las administraciones locales y por implantar medidas en materia de contratación pública, que reduzcan la opacidad y discrecionalidad de los concursos públicos. Además se prohíbe el indulto en cualquier delito de corrupción, limitar los aforamientos y regular la protección del denunciante.

Ciudadanos, en un programa basado en cuatro ejes se busca proteger al denunciante, aumentar los recursos humanos para luchar contra la corrupción, avanzar en el acceso a la Ley de Transparencia, y regular las puertas giratorias. El cese de los cargos públicos se fija en el momento de la imputación. Propone suprimir los aforamientos.

Podemos propone la creación de un organismo formado por la administración y la Sociedad civil que coordine un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional. Por lo que respecta a la financiación de partidos, se incluye a las fundaciones y se regula el endeudamiento bancario, así como la regulación de los lobbies.

Unidad Popular-Izquierda Unida propone ampliar los tipos penales y el endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados y la ampliación hasta a 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público para aquellos que sean condenados por corrupción. También pide que se apruebe una ley expropiatoria de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.

UPyD propone suprimir los aforamientos, despolitizar los órganos reguladores e impedir las puertas giratorias. Apuesta por la despolitización de la Administración Pública y reclama que los imputados por delitos contra la administración pública no puedan ser candidatos en procesos electorales.