En España hay 80.000 personas incapacitadas legalmente para ejercer su derecho al voto

En españa 80.000 personas están privadas de ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones europeas, según datos de la Junta Electoral.
En octubre de 2013 CiU presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, que fue apoyada por el PP, para elaborar un proyecto de reforma que adecuase la ley orgánica de régimen electoral general al Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, sin embargo, hoy por hoy, los discapacitados que han sido incapacitados legalmente siguen sin poder hacer real este derecho.

En la web del ministerio del Interior se explica dentro del apartado de preguntas frecuentes las facilidades que se ofrece a las personas ciegas para que acudan a las urnas, pero no contempla otro tipo de discapacidad.

Tanto la organización FEAPS como la federación de asociaciones de discapacitados intelectuales, Dincat, han puesto en marcha diferentes campañas para reclamar el derecho al sufragio para este colectivo. Bajo el lema 'Mi voto cuenta, 2014', FEAPS pide que se garantice la participación y el acceso a las propuestas de los partidos. Dincant apela al 'Tienes derecho a votar, ¿lo sabes?', para movilizar a aquellos a los que judicialmente se les ha negado este derecho.

Se reclaman mensajes electorales más comprensibles, materiales audiovisuales con subtítulos, pero, también eliminar las barreras que van desde el colegio electoral que no tiene rampa para sillas de ruedas, pasando por la papeleta de voto que no está en braille.

La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE ha aprovechado la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo para realizar un informe en el que denuncia cómo estas situaciones incumplen la Convención de Derechos de personas con discapacidad, de las que en la UE hay 80 millones.

"Las elecciones al Parlamento Europeo es uno de los mayores procesos democráticos que tienen lugar en el mundo y millones de europeos con discapacidades no serán capaces de participar como cualquier otro ciudadano europeo. Ese es el mensaje clave", resume para Martha Stickings, autora del informe.

Uno de los aspectos que se mencionan en el informe de la FRA es cómo en muchos países la incapacitación legal de, por ejemplo, personas con síndrome de Down o enfermedades mentales, conduce automáticamente a la privación del derecho a votar. Esta situación se da en 15 países de la UE, lo que la Agencia denomina el "grupo de exclusión".

La propuesta pasa por no vincular automáticamente la incapacidad legal con la imposibilidad de votar, es decir,establecer grados de incapacidades.