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CENSO DE VERTIDOS AL MAR

Canarias tiene 355 vertidos de aguas residuales al mar

246 puntos no están autorizados, 89 están en Tenerife

En Canarias hay censados por el Gobierno Regional 355 puntos de vertidos al mar en todo el archipiélago. De ellos, sólo el 31 por ciento están autorizados 109. El resto, el 69 por ciento, es decir, 246 puntos de vertidos que se producen de forma habitual al mar carecen de autorización. Se trata de vertidos de aguas no depuradas, de aguas residuales de carácter industrial, de salmuera o de piscinas. Por islas, Tenerife encabeza el ranking con 89 puntos de vertidos NO autorizados, le siguen Gran Canaria con 77, Lanzarote con 27, Fuerteventura también con 27, La Palma con 14, La Gomera 6 y el Hierro 6. Son datos del informe presentado hoy por el Gobierno de Canarias en el Parlamento regional.

El Gobierno ha impuesto casi 60 sanciones económicas por vertidos NO autorizados al mar, según la Consejera de Medioambiente. El Psoe le ha pedido que publique la lista de negra de aquellos que contaminan, y Podemos y Nueva Canarias han solicitado una ecotasa para los turistas, porque entienden que también contribuyen a la producción de aguas residuales.

Aunque los vertidos estén autorizados, no se les quita el ojo de encima, Dice la Consejera, se le sigue haciendo un control a través de un Plan de Vigilancia para saber si a esas aguas se les está aplicando el tratamiento adecuado.

Hay 56 expedientes abiertos con sanción económica, pero el Psoe le ha pedido que publique la lista negra.

El PP ha vuelto a derivar la atención hacia las microalgas. Las bacterias de los vertidos, dice, pueden servir de alimento a las microalgas.

Nueva Canarias dice que crecemos a un ritmo imparable y que tenemos que poner límites. Invirtiendo en infraestructuras hidráulicas, pero con un modelo sostenible.

Podemos ha pedido cobrar la ecotasa a los turistas, porque son en gran medida, los que contribuyen al crecimiento del consumo de agua.

Más de 300 millones de euros del Fondo de Desarrollo se van a destinar a saneamiento y depuradoras, una cantidad que, según la consejera, se puede aumentar si los cabildos y ayuntamientos lo solicitan.

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