CDC ha asegurado este lunes que seguirá trabajando en los preparativos de la consulta del 9-N, aunque el Constitucional la suspenda, mientras que ERC ha vuelto a emplazar a CiU y al Gobiern o de Artur Mas a que cumplan con los acuerdos frente a un tribunal al que tachan de estar "altamente politizado".
Los partidos catalanes han retomado su actividad tras el paréntesis estival para abordar un intenso calendario político marcado por la consulta soberanista del 9 de noviembre, y que tendrá como preámbulos la celebración de la Diada del 11 de septiembre, la aprobación de la ley de consultas en la segunda quincena de este mes y el consiguiente decreto de convocatoria del referendo.
El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha avisado de que si el Constitucional suspende eventualmente la consulta soberanista, su partido "no se quedará de brazos cruzados al día siguiente", y "seguirá trabajando" en los preparativos para el 9 de noviembre.
Así, ha avanzado que el Govern pedirá que se levante la suspensión cautelar de la ley de consultas, pero en el caso de que se llegara al 9N con la consulta suspendida, ha reiterado que será el pueblo catalán "quien decida", desde el consenso de las fuerzas políticas soberanistas: "A veces tenemos la sensación de que quien quiere incumplir la legalidad no es Cataluña, sino el Gobierno".
Desde el Govern, su vicepresidenta, Joana Ortega, ha subrayado que el ejecutivo catalán mantiene su "compromiso firme" de celebrar el referendo con la "legitimidad" de la ley de consultas, pero ha advertido a ERC de que "ningún partido con voluntad de gobierno y no residual puede pedir a un gobierno que actúe al margen de la ley. Las normas se tienen que cumplir", ha dicho Ortega en referencia a un veto del Constitucional.
Por ello, la portavoz de ERC, Anna Simó, ha exigido a CiU y al Govern que cumplan con los acuerdos de celebrar la consulta soberanista el 9N frente a un Constitucional "altamente politizado", cuyas decisiones, ha dicho, no deben estar "por encima" de la voluntad mayoritaria de los catalanes de decidir su futuro.
Simó ha aseverado que el Constitucional actúa bajo las "órdenes" de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, por lo que su formación no le da "ninguna legitimidad".
Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que su partido presentará enmiendas de "mejora" a la ley de consultas, aunque la apoyará en cualquier caso, y ha coincidido con las afirmaciones de Ortega respecto a la legalidad. "Absolutamente de acuerdo, porque los gobiernos son los primeros garantes del Estado de derecho y, por lo tanto, no pueden en ningún caso saltarse la legalidad. Ningún gobierno puede ni tiene el derecho de situar al país fuera de las leyes", ha opinado Iceta.
El miércoles se celebrará la primera reunión entre el presidente catalán, Artur Mas, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien le propondrá que se sume a su propuesta de reforma federal para definir un "nuevo modelo de convivencia territorial", según ha avanzado el propio Sánchez.
El secretario de ICV, Josep Vendrell, ha recordado a CiU y a ERC que es el Estado el que veta la consulta, por lo que considera un "error" situar en el conflicto a los partidos catalanes, y ha abogado de nuevo por la "unidad de acción" entre las formaciones que defienden el derecho a decidir.
En el frente opuesto a la consulta, la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha pedido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que sea "claro" y diga qué hará después de una posible suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. "Que diga a los catalanes si el gobierno de Cataluña pondrá las urnas el 9N, aunque haya una suspensión del Tribunal Constitucional", ha retado la presidenta de los populares catalanes.
Por su parte, el presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha instado al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al número dos de CDC, Josep Rull, a "volver a la democracia" respetando las leyes, y ha avisado al Govern de que si "presiona" a los funcionarios para colaborar en una consulta "ilegal" lo denunciará.
