La plataforma antitaurina PROU, impulsora de la ILP que desembocó en la derogación de las corridas de toros en Cataluña, ha dicho que la decisión del TC de anular la prohibición de la tauromaquia en esta comunidad es una "conspiración política" que trasladarán a los tribunales internacionales.
La plataforma ha pedido al Parlamento catalán una nueva ley adaptada a la sentencia, pero que a efectos prácticos no permita el regreso de las corridas de toros, a la Generalitat que evite cualquier corrida y al Ayuntamiento de Barcelona que "mantenga firme su postura y no permita que la plaza de toros Monumental EN vuelva a ser utilizada para espectáculos taurinos".