El informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita-Catedral, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, defiende que el templo "nunca" fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en el 2006.
Según el informe, presentado en el Ayuntamiento, el análisis histórico realizado por la comisión "demuestra" que la Iglesia "no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno" sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba "inmatriculó a su nombre la 'Santa Iglesia Catedral'" en el 2006.
Además, el informe considera "injusta" la situación actual y "lesiva para los intereses de la ciudadanía" y propone una serie de actuaciones para "solucionar el conflicto planteado" tras la inmatriculación.
Entre ellas, se plantea como "más apropiado" "recabar los apoyos parlamentarios necesarios" para llevar a cabo un "recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", con el objetivo de "anular" la inscripción de la "Santa Iglesia Catedral".
En caso de no prosperar esta vía, el informe sugiere que el Ayuntamiento de Córdoba "podría hacer uso de los tribunales ordinarios" en un procedimiento "más complejo", ya que la institucional municipal "no debe reclamar la propiedad del bien".
Respecto al análisis histórico, el informe indica que la Mezquita de Córdoba "carece de antecedentes cristianos documentados", se origina como un proyecto arquitectónico "ligado a la dinastía Omeya" y fue un edificio de propiedad "estatal a lo largo de todos los siglos de Al-Ándalus".
Añade que, tras la conquista de Córdoba por Fernando III en 1236, el edificio "continua ligado al Estado", en este caso "a la Corona de Castilla", y existen "numerosos indicios" que llevan a pensar que "no se produjo una donación" del monarca a la Iglesia.
De esta manera, los expertos consideran que el "uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa", y en este caso "no existe donación expresa". En este sentido, ya en el ámbito jurídico, los expertos señalan que, al tratarse la Mezquita-Catedral de un "bien público", no es posible que la Iglesia "apele al mecanismo de usucapión" (adquisición de una propiedad mediante su ejercicio durante el tiempo previsto por la ley), ya que la "posesión pacífica y continuada no es suficiente en este caso para demostrar la propiedad".
Asimismo, el informe señala que admitir que el templo es de la Iglesia supondría reconocer la propiedad a una institución "regida por normas de un Estado distinto al español", en referencia al Vaticano.
Entre las actuaciones en el ámbito patrimonial, el informe denuncia la existencia de "graves carencias" y propone la creación de un "Museo de la Mezquita", en un edificio próximo de propiedad estatal, para "paliar algunas de estas deficiencias".
Por ello, los expertos consideran que el modelo de gestión adecuado para la Mezquita-Catedral responde al "sistema de patronato", liderado por la Junta de Andalucía, y en el que esté presente el Estado, el Ayuntamiento, el Cabildo y las universidades.
El informe ha sido elaborado por el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento como parte del Gobierno español.
