Llenarse el bolso y los bolsillos del abrigo con bolsas de gominolas, 'snacks' y refrescos para tratar de pasar inadvertido a la entrada del cine y evitar los abusivos precios de las palomitas siempre ha sido un clásico. Todo escondido, alentados por los numerosos carteles que a la entrada de las salas indican expresamente que está prohibido entrar con comida del exterior.
Una famosa cadena de cines llegó a colgar un cartel en el que se podía leer: "Si cuando vas a cenar no te llevas el vino de casa, ¿por qué cuando vas al cine te traes las palomitas?". Lo cierto es que la organización FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado en multitud de ocasiones a los establecimientos cinematográficos que impiden la entrada con alimentos comprados en otros lugares o traídos directamente de casa.
Tanto es así que la organización de consumidores insistía en que la actividad principal de los cines "no es la venta de productos, sino la exhibición cinematográfica" y que "la medida de no permitir alimentos solo tiene sentido en el caso de un bar o en un restaurante", cuya actividad principal sí es la de vender alimentos.
Ahora, y tras una nueva serie de denuncias presentadas por FACUA, la Delegación del Gobierno autonómico de Cádiz ha llevado a cabo medidas para paralizar esta práctica y ha advertido de la "ilegalidad" que supone prohibir la entrada en estos casos. "Se ha intervenido en aquellos cines que han vulnerado la normativa de admisión y en algunos casos se ha procedido a retirar e intervenir los carteles que anunciaban dicha condición específica de admisión", explica el jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos en la provincia gaditana, Juan Cabañas Rojas.
La federación de consumidores espera que la Consejería de Turismo, competente en materia de espectáculos públicos, coordine actuaciones similares en el resto de provincias.
Las competencias sancionadoras ante el incumplimiento de la normativa de admisión, que incluyen multas de hasta 30.000 euros, están en manos de los ayuntamientos, sin perjuicio de las sanciones que puede imponer la Dirección General de Consumo de la Junta sobre la base de la vulneración de la normativa de defensa de los consumidores. En este sentido, FACUA Andalucía critica que la autoridad autonómica de Consumo ni siquiera da respuesta a las numerosas denuncias que le ha presentado por estas irregularidades.
