La revolución vecinal contra el ruido de los conciertos en Madrid: "Pagar por contaminar resulta barato"

Cuando la música se transforma en ruido, todos los acordes suenan desacompasados. Esta semana, el Real Madrid anunció que suspende los conciertos de Aitana previstos en el Santiago Bernabéu para el 27 y 28 de junio. El club blanco tiene interpuesta una querella, en tramitación, con el director general del club imputado, "y mientras la jueza no adopte una decisión, es muy complicado que pueda haber conciertos", aseguró el alcalde de la capital.

Pero la batalla contra el ruido que se libra en el Bernabéu no es un caso aislado. A principios de mes, también se hizo pública la decisión de Ifema Madrid de no acoger festivales de música en vivo al aire libre durante este año, aunque sí mantiene su oferta en el interior. Este anuncio también llega después de las demandas vecinales contra el ruido y coincide con el momento en que comenzarían los trabajos para adaptar el espacio de cara al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid de 2026. También está en el punto de mira el MadCool, inmerso en una causa judicial tras los conciertos de 2023 por posible delito contra el medio ambiente por contaminación acústica.

La revolución vecinal contra el ruido parece haber iniciado batallas cruciales con la temporada de ocio veraniego a la vuelta de la esquina. Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias nos hemos puesto en contacto con Yomara García Viera, presidenta de Juristas Contra el Ruido.

Para ponernos en contexto, es importante comprender que el panorama de la música en directo vive una época dorada. La Asociación de Promotores Musicales acaba de publicar los datos del 'Anuario de la Música en Vivo 2025', que analiza las cifras de 2024. Según estos datos, la facturación por la venta de entradas creció un 25,32% respecto a 2023 y, si miramos los datos de facturación por comunidades autónomas, Madrid se sitúa como la capital que ningún gran artista quiere dejar escapar. Su facturación creció en 2024 un 96,04% respecto al año anterior, con ingresos por valor de 185 millones de euros. Le sigue Barcelona con 113,5 millones. Sin duda, buena parte de estas cifras se debe a las dos actuaciones de Taylor Swift en Madrid y a los cuatro conciertos de Karol G.

Y es que los conciertos ya no son lo que eran; ahora el 'merchandising' se vive y se siente en directo con varios días de actuaciones, ensayos, pruebas de sonido y otras consecuencias indirectas igualmente molestas. Yomara García nos explica que "si el lugar, el establecimiento donde se desarrolla, no está debidamente aislado e insonorizado, implica que la música afecte a los vecinos más cercanos. Aparte de eso, también se suelen producir efectos indirectos, como es la aglomeración de personas en el exterior, botellones, e incluso hay situaciones en las que se ha producido vandalismo. Igualmente, las personas hacen sus necesidades en las zonas próximas a las viviendas y, por lo tanto, se genera una serie de daños y perjuicios a los residentes de la zona".

"El ruido mata. La contaminación acústica mata"

El nivel de decibelios permitido está regulado por una ordenanza municipal y, de manera generalizada, se sitúa en un máximo de 40 decibelios durante el día y, durante la noche, de 30 decibelios en interior y en dormitorio. En estos conciertos, Yomara no indica: "Estamos hablando de niveles de prácticamente 80-90 decibelios en fachada, lo cual es una barbaridad".

Y claro, si vamos sumando que se triplica casi el nivel de ruido permitido, que los conciertos cada vez se prolongan más en el tiempo y que la intensidad de los mismos no tiene nada que ver con la de antaño, las quejas de los vecinos comienzan a cobrar sentido porque "esta gente no puede hacer uso normal de su vivienda tanto de día como de noche".

Pero si estos conciertos tienen permiso, ¿son legales, no? Pues recurrimos a nuestra experta para que nos explique la situación. "Los Ayuntamientos, a veces, alegan que se trata de eventos con algún tipo de interés. Aluden a intereses económicos, pero cuando estamos en presencia de derechos fundamentales, es irrelevante el interés económico, porque los derechos fundamentales son derechos jerárquicamente superiores al ocio o al derecho empresarial, de tal manera que deben adoptarse medidas. También se suele aludir a que estas actuaciones tienen licencia; las licencias no son permisos para contaminar, por lo tanto, aunque se tenga licencia, no se puede eludir el cumplimiento de los límites de ruido". E insiste Yomara García: "Los Ayuntamientos tienen la obligación de actuar y, además, su obligación viene dada por el artículo 25.2 de la ley de régimen de bases local, que es una ley de aplicación básica, y les impone la obligación de controlar, inspeccionar y sancionar e incluso, como decía, dar medidas provisionales para paralizar ese ruido. Por lo tanto, deben actuar".

Y, ¿en qué se traduce ese "actuar"? Hay sanciones contempladas que pueden ir desde los 30.000 euros hasta los 300.000. "Las sanciones dependen del tipo de infracción: si son graves o muy graves... En este tipo de conciertos, se suele sancionar al promotor del evento; no se sanciona al titular del estadio, aunque entendemos que también es responsabilidad del titular y depende del nivel de decibelios, de la repercusión, y del número de asistentes..." apunta Yomara, para a continuación decir: "Pero lo cierto es que, para estos eventos multitudinarios, en los que las ganancias son enormes, pagar por contaminar resulta barato. Las multas, en ocasiones, no son una solución, puesto que los residentes lo que quieren es que cesen esas emisiones. En medio ambiente existe un principio que es el derecho a la prevención y la cautela, de tal manera que lo que hay que hacer es evitar esa contaminación y no pagar para poder contaminar", reprocha la experta.

"Las licencias no son permisos para contaminar"

Con el Bernabéu e Ifema en mute, los focos apuntan ahora al MadCool de este verano. ¿Tienen posibilidades los vecinos de Villaverde? García Viera nos recuerda que también está "en un proceso judicial en la vía penal. La propia Fiscalía de Medio Ambiente ha impulsado y ha denunciado esta situación. Estamos hablando de un delito de medio ambiente, pero estos delitos se pueden reclamar en concurso con el delito de lesiones si se acredita que se producen lesiones" y, además, apunta Yomara "esto también estaría ligado con el artículo 404 del Código Penal, y se podría entender que los organismos públicos, si no actúan, podrían cometer un delito de prevaricación por omisión de los responsables o incluso si se otorgan licencias sabiendo que no deben otorgarse".

Esta revolución contra el ruido no es baladí ya que el ruido afecta a nuestra salud agravando enfermedades, causando problemas auditivos o problemas cardiovasculares. "El ruido mata, la contaminación acústica mata. Tenemos que evitar normalizar que tenemos que soportar estas situaciones porque estamos en las ciudades. Tenemos derecho, en el medio urbano, a tener un confort acústico", concluye Yomara.

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