El sector cultural espera que el Gobierno apruebe medidas que le ayuden a sobrevivir tras el coronavirus

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar medidas específicas para el sector cultural, con el fin de mitigar los efectos del coronavirus en este ámbito y atender a las peculiaridades de los diferentes campos de la cultura. El gobierno aprobará estas medidas después de que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvieran una reunión telemática con los diferentes sectores del mundo de la cultura, en la que se comprometieron a diseñar un primer paquete de medidas urgentes de apoyo al sector cultural. La falta de reacción inicial del ministerio provocó las protestas del sector ante la situación generada por la pandemia.

La supervivencia en juego

Uno de los sectores que han sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus es el cine y, en concreto, los exhibidores cinematográficos, que cifran en 43,5 millones de euros mensuales las pérdidas ocasionadas durante la fase 2 del plan de desescalada, en la que podrán abrir con un tercio del aforo, que se suman a los más de cien millones de euros de pérdidas desde que el Gobierno decretó el estado de alarma. Fuentes de la Federación de Cines de España (FECE) han señalado que son "optimistas" respecto al anuncio de estas medidas porque "la supervivencia futura del sector depende mucho de lo que pase" en este Consejo de Ministros. "Necesitamos apoyo para poder mantener el sector a flote", señalan desde la institución, que representa al 80 por ciento de las salas de cine de España.

Medidas tardías

Otro de los sectores más perjudicado, el de la música en directo, también alberga "esperanzas" el presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), Albert Salmerón, quien cree que estás medidas son "esenciales para poder empezar a trabajar en el sector", aunque matiza que España va "tarde" respecto a otros países, donde estas medidas se aplicaron "hace tiempo" para abordar la situación de "emergencia". En el caso de los teatros, el presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA), Jesús Cimarro, ha señalado que tienen "cierta esperanza" aunque prefiere ser "precavido". Además, la asociación que representa a los empresarios teatrales, sector al que también le afectará la reducción de aforo con la reapertura, en la fase 2, al igual que a las salas de cine, está elaborando un informe que entregará al Ministerio de Sanidad y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para abordar protocolos que plantean las empresas de artes escénicas.

Apoyo para exportar libros

Por su parte, el sector editorial ha realizado peticiones económicas para reactivar el sector, entre las que se incluyen la aportación de fondos para adquisiciones de bibliotecas o la emisión de 'bonolibros', así como una partida destinada para "misiones comerciales" de editores fuera de España. Tal y como señaló recientemente el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Miguel Barrero, las previsiones de facturación para 2020 podrían caer a la mitad de la facturación en el mercado interior, entre 1.000 y 1.200 millones de euros.

Estado de alarma

También, como ha anunciado, el Gobierno tiene que ver la ampliación del estado de alarma. Tiene previsto solicitar una prórroga del mismo, declarado el pasado 14 de marzo, que ha permitido controlar la movilidad de los ciudadanos, hasta ahora muy eficaz para frenar la expansión del COVOD-19. Pero esta medida, excepcional en un Estado de derecho, debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados, y por ahora, el Ejecutivo, que gobierna en minoría no tiene garantizados los apoyos necesarios, a diferencia de lo que ocurrió en las tres prórrogas solicitadas anteriormente. El Gobierno defiende la necesidad de mantener esta situación para "no dar pasos atrás y seguir manteniendo la guardia alta" e insiste en que no hay un "plan B" al rechazo del estado de alarma, porque es el único instrumento constitucional para limitar la libertad de movimientos.