El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la puesta en libertad para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos societarios y de blanqueo de capitales: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga.
Los tres han abandonado ya las dependencias judiciales en un coche que esperaba a la puerta de la Audiencia Nacional.
El magistrado toma ahora declaración a la principal accionista de la empresa Microgénesis, Elena Vázquez, y su director financiero, Celedonio Martín. Los cuatro detenidos restantes --el director general de la SDAE, Enrique Loras y su esposa María Antonia García Pombo, la hermana de ésta, Eva, y uno de los socios directores de Microgénisis-- no pasarán a disposición judicial hasta mañana lunes.
Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Esta mañana, tras permanecer en dependencias del Instituto Armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.
Las diligencias sobre la SGAE arrancaron en marzo de 2010, momento en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces Baltasar Garzón, recibió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
A partir de ese momento, Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarrollado una detallada investigación que ha culminado en la detención de nueve personas. La sede la sociedad fue registrada el pasado viernes, día en el que el magistrado autorizó también el embargo y bloqueo de distintas cuentas.
Según los datos que obran en las diligencias, que han sido declaradas secretas, los detenidos podrían haber creado una trama societaria en aprovechamiento de su situación dentro de la sociedad y desviado fondos en perjuicio de la propia entidad y de sus socios.
