El hacker luso Rui Pinto, detenido la semana pasada en Budapest y acusado de extorsionar a empresas y clubes de fútbol, es una de las personas que filtró documentos a la plataforma Football Leaks. Lo ha confirmado su abogado en el último número del semanario alemán "Der Spiegel", publicado este viernes.
El letrado William Bourdon, que defiende también a Edward Snowden, explicó que Pinto es el pirata informático que operaba con el seudónimo "John" y se hizo con unos 70 millones de documentos, algunos de los cuales han sido el origen de causas judiciales por evasión de impuestos. Bourdon reconoció que Pinto, de 30 años, trató de extorsionar en 2015 a la agencia para futbolistas Doyen Sports, exigiendo dinero para no publicar unos documentos comprometedores, pero tildó la cuestión de "pelea de niños" y explicó que el detenido acabó renunciando al dinero y reconociendo los hechos.
El abogado indicó que su defendido cumple todos los requisitos para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo considere un difusor de secretos de interés público (whistle-blower), pues gracias a las revelaciones de Football Leaks "las arcas públicas de muchos Estados europeos" han incorporado "muchos millones de euros".
Si Hungría extradita a Pinto, advirtió Bourdon, se corre el riesgo de que "muchos fiscales e inspectores de Hacienda europeos pierdan la posibilidad de examinar todos los documentos y emplear a Pinto como testigo". Agregó que el arrestado en Budapest "no es el único filtrador" de Football Leaks, una plataforma que tiene "más fuentes". Pinto fue detenido el 16 de enero por la policía húngara en cumplimiento de una orden de detención y ex tradición de Portugal, que acusa al joven de realizar ataques cibernéticos para obtener información sensible con la que extorsionar a empresas, entre ellas importantes clubes del fútbol portugués como Sporting, Oporto y Benfica.
El director de la Unidad de Combate del Cibercrimen de la Policía Judiciaria portuguesa, Carlos Cabreiro, explicó que algunos de los delitos que se le imputan como extorsión, acceso ilegal a información, violación de secreto y prácticas perniciosas para el Estado conllevan penas de hasta diez años de cárcel.
