El juez que investiga al jugador del FC Barcelona Gerard Piqué por un delito contra la seguridad vial ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) que aclare si comunicó personalmente al futbolista que había perdido los puntos del carné, como establece la ley.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona, que tiene abiertas diligencias contra Piqué por un delito contra la seguridad pública, ha oficiado a la DGT para que precise cómo comunicó la pérdida de puntos al futbolista, antes de acordar cualquier otra decisión en el marco de su investigación.
Piqué fue denunciado el pasado viernes, 31 de agosto, por la Guardia Urbana de Barcelona, que le sorprendió conduciendo un turismo por el distrito del Eixample de la capital catalana sin ningún punto en el carné, porque la DGT se los retiró por infracciones previas al volante.
Ya fue condenado en 2015
El juez ha oficiado ahora a la DGT para que informe si el aviso de la pérdida de puntos a Piqué se hizo mediante una comunicación personal, como establece la ley, según detalla el TSJC.
De esta forma, el juez está a la espera de recibir la comunicación oficial de la DGT para acordar lo que considere oportuno en el marco de las diligencias abiertas contra el central azulgrana por un delito contra la seguridad vial, que podría ser penado con multa, horas de servicio a la comunidad o penas de prisión de hasta seis meses.
El futbolista, pareja de la cantante Shakira, ya fue condenado en marzo de 2015 a una multa de 10.500 euros por increpar de forma airada, despectiva y agresiva a dos agentes de la Guardia Urbana que habían multado a su hermano por dejar su coche mal estacionado.
Piqué acató la multa
En la sentencia por aquel caso, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona recriminó al central azulgrana su "actitud despectiva y de agresividad verbal y gestual" hacia los agentes que se disponían a multar a su hermano la madrugada del 13 de octubre de 2014.
A la hora de cifrar la cuantía de la condena, por una falta contra el orden público por ofensa a los agentes de la autoridad, la juez optó por la cifra propuesta por la acusación particular ejercida por los dos urbanos, que pidió 10.500 euros, frente a los 900 que reclamó la fiscal, al tomar en consideración la situación económica del futbolista, que percibe un salario no inferior a los 6 millones de euros anuales.
Pese a que la sentencia se podía impugnar ante la Audiencia de Barcelona, Piqué acató la condena y abonó la multa días después de que se notificara la resolución de la juez.
