Barcelona
¿Qué consecuencias penales y deportivas puede acarrear el Barçagate por el 'caso Negreira'?
Descartada la sanción deportiva por la nueva Ley del Deporte, la Fiscalía investiga un posible delito de corrupción entre particulares y otro de administración desleal.
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El 'caso Negreira' sigue creciendo desde que salieran a la luz los pagos que realizó el Barcelona desde 2001 hasta 2018 a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, en aquella época de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
Los pagos alcanzarían los 7 millones de euros en su totalidad, según los últimos documentos filtrados y que están siendo investigados por la Agencia Tributaria en el periodo 2016-2018 por irregularidades fiscales del exárbitro. El objetivo sería que los arbitrajes fueran 'neutrales', según aseguró Negreira a la Hacienda Pública.
Sin sanción deportiva
Aunque los pagos son éticamente reprobables, de momento no existen pruebas decisivas que determinen si obedecían a una voluntad expresa del club de influir en decisiones arbitrales. Sí parece claro también que no habría sanción deportiva para el Barça, puesto que de haber delito habría prescrito en 2021.
El propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, quiso recordar que no puede haber ningún tipo de sanción "deportiva" al haber ya prescrito los posibles delitos. Y es que la nueva Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022, estipula en su artículo 112 lo siguiente: "Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses".
De esta forma, sería imposible sancionar deportivamente al Barcelona por el 'caso Negreira', ya que el último pago al exvicepresidente del CTA se produjo en 2018, hace ya cinco años. Por tanto, solo quedaría la vía penal, la cual prescribe pasado un lustro. A nivel legal, se vislumbrarían en ese caso dos posibles delitos: uno de corrupción entre particulares y otro de administración desleal.
Corrupción entre particulares
La Fiscalía estaría analizando el caso para comprobar si la alta cantidad pagada por el Barça está justificada debidamente. En caso contrario, los pagos podrían encuadrarse en un delito de corrupción entre particulares que estaría penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel para los directivos culés y el exárbitro.
Administración desleal
El otro posible delito sería el de administración desleal si se demostrara que esos pagos fueron por unos servicios inexistentes, algo que conllevaría una pena de hasta tres años de cárcel por la administración fraudulenta del patrimonio ajeno y por la causa de un "perjuicio patrimonial" para los socios azulgranas.
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