62.000 familias arruinadas por las placas solares: "Que el Estado sea quien me engañe no me lo podía ni imaginar"

Corría el año 2007 cuando el Gobierno lanzó una campaña para invertir en energía fotovoltaica. "El sol puede ser tuyo". El lema era atractivo y el Estado garantizaba la inversión, por lo que 62.000 familias respondieron a la llamada. La mayoría, con ingresos medios o moderados, confiaban en recuperar lo aportado en apenas diez años.

Muchos pensaron que, tras amortizar la inversión, los beneficios supondrían un complemento a la jubilación. Además, el objetivo era atractivo: se trataba de apostar por energías renovables, por el futuro. El compromiso del Estado incluía pagar una cantidad por la energía generada por 30 años. Todo sonaba muy bien pero nada sucedió como se esperaba.

Familias arruinadas

Juan y Cati tienen tres hijos. Nos reciben en Lorca, en Murcia. Él es fontanero y ella limpiadora. Hace 15 años decidieron invertir pensando en el futuro de los niños y en su propia vejez, por lo que compraron cuatro placas solares, para las que pidieron créditos por valor de 350.000 euros.

Era mucho dinero pero, con las condiciones iniciales ofrecidas en la campaña, podrían recuperar la inversión en diez años. No podían ni imaginar que, dos años más tarde, el gobierno socialista hiciera una serie de recortes que supusieran hasta un 30% de los ingresos previstos y que, en 2013, el gobierno popular recortara otro 20% adicional. Mucho menos que fuera con carácter retroactivo y tuviesen que devolver lo ya cobrado.

Juan nos asegura que esto ha supuesto su ruina. Ha tenido que rehipotecar su vivienda y pedir créditos personales hasta en cinco bancos distintos. Cati mueve la cabeza con incredulidad: "Que el Estado sea quien me engañe, no me lo podía ni imaginar. Es que no me cabe en la cabeza".

En su mismo caso están los 420 socios de la Cooperativa La Jeresa en Lorca. Cada placa les costó en su día 90.000 euros. El cálculo era que cada una de ellas les generase unos ingresos anuales de 9.000 euros, pero con los recortes reciben solo unos 4.500. Con este dinero no pueden pagar los créditos pedidos. Muchos malvendieron para minimizar pérdidas, otros sencillamente están en la ruina.

Francisco Fernández, hoy profesor jubilado, ha tenido que refinanciar créditos y alargar plazos. Insiste en que: "Contestamos a una llamada del Gobierno respaldada por el Boletín Oficial del Estado". Antonio Alcázar se encarga de gestionar la Cooperativa, lo resume así: "Nos aseguraron que nos pagarían el kilovatio a 45 céntimos y hoy nos dan 25".

Nos asegura que hay fondos de inversión que, aprovechándose de la situación, les ofrecen ofertas muy bajas para comprar sus placas solares. Ángel Lario, agricultor, ha tenido que vender fincas para poder pagar las deudas. Cree que están padeciendo una injusticia y que ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional han amparado sus derechos.

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