70 familias de la casa cuartel de la Guardia Civil de Toledo se quedan sin casa

El edificio ya tenía problemas estructurales que se detectaron en 2021, en pilares por corrosión y degradación del hormigón, es decir, "no compatibles con la seguridad". Según la Asociación Española de Guardias Civiles, el reciente anuncio de desalojo de la Comandancia de Toledo es una muestra más de la falta de apoyo del ejecutivo hacia los guardias civiles.

En total, 70 familias tienen de plazo hasta el 15 de febrero para abandonar sus viviendas en el pabellón del cuartel de Toledo. "Este urgente desalojo no se produce por un deterioro repentino de los edificios, sino por la dejadez de los responsables que deberían haber invertido en su conservación y no lo hicieron", asegura Domingo Medina portavoz de Aegc.

En 2021, ante los problemas estructurales, no se aconsejó el desalojo. Un año después, en 2022 se realizó un informe sobre la situación y actuaciones realizadas en relación con la inspección realizada por la SIPSS, Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, que depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Tras la inspección de la edificación se concluyó que había 21 actuaciones no resueltas y 10 sin resolver.

A mediados del 2023, se ordenaba desde el Ministerio del Interior convocar una reunión para ver la ubicación de la parcela para un nuevo edificio. "Muchos años han tenido para buscar una solución a un problema conocido para venir ahora con urgencias y sin aportar soluciones", afirma Medina.

"Se consolida la política de este ejecutivo de dejar caer a la Benemérita hasta su total desaparición de nuestro territorio", añade.

Alternativa habitacional

La Guardia Civil de Toledo se ha reunido con los afectados por el desalojo para ponerles al día de las gestiones realizadas. En dicha reunión se ha informado a los afectados del estado de las gestiones realizadas sobre las ayudas al realojo. Asimismo, se ha dado contestación a las diferentes inquietudes, necesidades y problemas generales y específicos planteados. A parte de la oferta internas de pabellones (70 pabellones) hay que añadir 108 más externas que se han ofertado en distintas localidades de la provincia por parte de empresas inmobiliarias a través de administraciones públicas (JCCM 51 viviendas), otras entidades privadas (43 viviendas de particulares y mercantiles) y el ofrecimiento por parte de particulares (14 viviendas), a través del llamamiento realizado por la entidad Cáritas Castrense.

Una solución que es calificada de "parche" por la Aegc. Aseguran que los pisos están lejos de su lugar de trabajo, además, algunos no están en condiciones para ser habitados, y después de unos meses, las familias tendrán que pagar los alquileres.

Una vez finalizado el desalojo de las viviendas por razones de seguridad para las personas, como así han determinado los técnicos según los resultados de los análisis químicos sobre el estado actual de las estructuras, se iniciarán las actuaciones de derribo por parte de una empresa especializada en el sector de la demolición de edificios.

Calculan que se tardará unos dos años en levantar el nuevo pabellón con las viviendas de las 70 familias, un plazo que no convence. "Estamos preocupados por la falta de propuestas serias para los guardias civiles y las familias afectadas. Nos tememos que ocurra como con las instalaciones de Cartagena, Murcia, que primero aseguraron que solo sería para tres años y la última información es que esta eventualidad será de 10 años", afirma la Aegc.

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