El ajuste en Cataluña y País Vasco alerta a sindicatos, funcionarios y consumidores

En Cataluña hay más de 230.000 trabajadores públicos. Todos ven con miedo cómo su sueldo puede adelgazar aún más con las medidas de austeridad que el gobierno prepara.

El resto de funcionarios ha acogido esta medida con temor. Ya sufrieron el año pasado un recorte de su nómina de un 5% y temen una segunda fase de ajuste.

Exigen la eliminación de las diputaciones o la reducción de altos cargos y que ellos no sean siempre los que paguen. Manuel González Molina,  portavoz de CSI-CSIF, dice que "son siempre ellos los que pagan" y que "se ha demostrado que otras medidas similares no han salvado el déficit".

Los  sacrificios afectarán también y, muy directamente, al bolsillo del ciudadano de a pie. Salvar las cuentas públicas con subidas de tasas y precios públicos implica que, entre otros conceptos, serán más caras las matrículas universitarias y los transportes.

Desde asociaciones de consumidores se apunta a lo injusto de los ajustes. Ileana Izverniceanu, comenta que las medidas son muy poco "solidarias" porque afectan a todos los ciudadanos por igual, "tanto a los que tienen rentas altas como rentas bajas", dice.

No sólo eso, también subirá la gasolina y el canon del agua. Y en el País Vasco también se aplicará la "tijera". Los funcionarios sufrirán recortes en su sueldo y, además, perderán complementos y pluses el próximo año. Todo para ahorrar 100 millones de euros.