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DEBATE POR EL DÉFICIT

Algunas Comunidades Autónomas se niegan a privatizar servicios para reducir el déficit

Las Comunidades son señaladas como las grandes responsables del aumento del déficit. Y en el debate político hay dos posturas. Los socialistas son partidarios de no reducir el déficit si la decisión supone menos servicios. Las Comunidades del PP prefieren los planes de ahorro o la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación. Entre ellas, pagar por algunos servicios para salvar lo básico: educación y sanidad.

Rajoy continúa su ronda de encuentros con presidentes autonómicos. Este miercoles era el turno de la presidenta de Navarra. El mensaje general es este: “Lo que no cabe duda es que hay que hacer un gran esfuerzo por parte de todas las Administraciones para conseguir acercarnos a ese hecho que es gastar aquello que ingresamos y todavía nos queda camino por recorrer”.

Aunque hay diferencias, igual que en Navarra, el Lehendakari, con régimen fiscal propio, respira más aliviado con mejores datos económicos que el resto.  Dice no al recorte sobre el recorte a costa de los servicios públicos.

“Quizás haya quien prefiere haber tenido un déficit menor en Euskadi a costa de sacrificar todo”, advierte y concluye con firmeza, “yo no”.

Esperanza Aguirre advierte que el gratis total  para todos será solo en sanidad y educación. Excluye a la Justicia.

Madrid busca nuevas fórmulas de ahorro, que paguen las carreteras los usuarios o sacar a la venta el servicio del agua. En este último sentido la presidenta de la Comunidad de Madrid señala que “esta sí es una privatización porque se trata de vender el 49% de las acciones del Canal de Isabel II”.

El presidente de Galicia es de los que considera que ha hecho bien los deberes y que con un Gobierno austero como el suyo es posible la cuadratura del círculo.

Dice que su compromiso consiste en “controlar el déficit público garantizando los servicios públicos esenciales e incluso incrementándolos”.

Y para evitar recortes sociales la puerta que quiere abrir la Junta de Andalucía es la de revisar los criterios de reparto del dinero del estado a las  autónomas.

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