Alrededor de 30.000 fallecidos figuraban como beneficiarios de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este dato se desprende de un informe preliminar del Tribunal de Cuentas elaborado a partir del cruce de datos de las comunidades autónomas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, del PP, a la entrada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, a la que asisten los consejeros autonómicos del ramo y preside la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. Echániz ha afirmado que el informe "es demoledor" para el PSOE porque pone en evidencia no solo "la mala gestión" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sino la "descoordinación" en las prestaciones.
"En el cruce de los datos formulados entre el Imserso y las comunidades autónomas hay hasta 30.000 fallecidos", ha subrayado el consejero castellanomanchego sobre el informe. En Castilla-La Mancha, el número de fallecidos que estaban en el sistema era de mil, según el consejero. Echániz ha señalado que el Ejecutivo junto a las CCAA pondrá en orden un sistema que, en su opinión, se creó de una forma "deslavazada" y "desordenada", "con poco rigor y está dando más problemas que satisfacciones", según ha dicho.
El Gobierno da seis meses para actualizar datos
Fruto de la reunión, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualicen sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros datos, para evitar el fraude. "Hemos planteado una mayor transparencia en el sistema de dependencia, que se ha puesto en cuestión con el informe", ha explicado Ana Mato.
"Tratamos de tener unas certificaciones en las que se sepa en qué y para qué se utiliza el dinero de la dependencia y elaborar en seis meses los parámetros y los requisitos que deben enviar las comunidades autónomas al IMSERSO para hacer un seguimiento de a dónde van los fondos públicos", ha aseverado la ministra.
Por su parte, el consejero extremeño de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández, también del PP, ha valorado la reforma de la ley de dependencia que ha aprobado el Ejecutivo y ha acusado al PSOE de usar "intereses políticos y demagógicos". A su juicio, todos los políticos a la hora de tomar decisiones tienen que priorizar, y la disminución presupuestaria la están sufriendo todas las autonomías, en respuesta a los consejeros de las autonomías gobernadas por el PSOE, que han criticado que el Gobierno desmantele el sistema de la dependencia con la excusa de la crisis.
Hernández ha destacado que en el caso de Extremadura se han tomado decisiones "para priorizar la dependencia" y por eso las partidas presupuestarias dedicadas a ella han aumentado más de un 6 por ciento y "es una buena muestra de lo que podían hacer otros", ha añadido.
Sobre el Consejo Territorial, ha dicho que se va a establecer un nuevo sistema "para que pesen más a la hora de la financiación de la dependencia las prestaciones de servicio que generan empleo frente a las prestaciones económicas". Extremadura, según este consejero, tiene "la ventaja" de tener más prestaciones de servicios -el 58 por ciento- frente a las prestaciones económicas que son inferiores.
En cuanto al catálogo de servicios sociales que viene a unificar las prestaciones sociales para todas las comunidades autónomas y que también abordarán en la reunión, el consejero extremeño ha opinado que "viene a realzar el papel de los servicios sociales y a potenciar los préstamos que en algunas ocasiones han crecido de forma desigual".
