Las asociaciones de consumidores animan a los afectados a reclamar ante los tribunales tras la sentencia del Supremo sobre las hipotecas

Las asociaciones de consumidores han valorado la sentencia del Tribunal Supremo que establece que sea el banco, y no el cliente, el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados, y animan a los afectados a reclamar ante los tribunales.

El alto tribunal ha corregido su propia doctrina y ha establecido que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, al considerar que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.

Entre las asociaciones de consumidores, Facua celebra el cambio de criterio e insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a "emprender medidas" para supervisar la reacción de la banca. Según esta asociación, esta "excelente noticia" debe cambiar el sentido de las miles de sentencias que van a dictarse en los próximos años.

Desde Asufin, que ha presentado cuatro demandas colectivas para reclamar los gastos de constitución de hipotecas, animan a los consumidores a reclamar, aunque su presidenta, Patricia Suárez, pide "responsabilidad a los bancos", que deberían devolver los importes a sus clientes sin necesidad de acudir a los tribunales. No sólo se ahorrarán intereses y costas, añade, sino que "recuperarán la confianza que tanta falta hace para que el sistema funcione con las mismas reglas para todos."

La asociación reitera además su demanda de que se dote de más medios a los juzgados especializados en cláusulas abusivas, "ante la avalancha de demandas que se espera"; Asufin calcula que unos 8 millones de españoles ha contratado una hipoteca, que de media podrían reclamar alrededor de 3.000 euros.

Facua, que mantiene abiertos cientos de procedimientos para reclamar las cantidades indebidamente cobradas, anima también a las entidades financieras a actuar "con responsabilidad", y espera que el Gobierno y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas "emprendan las actuaciones que les competen para supervisar las actuaciones del sector bancario en este sentido y sancionar a los bancos que se nieguen a cumplir la ley".