La Sección 15 ha estimado el recurso presentado por la defensa de Blesa contra el auto de prisión eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros que fue dictado el pasado 16 de mayo por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva. En el auto, dado a conocer este martes, descarta el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas que invocó el instructor para ordenar el ingreso en prisión del exbanquero.
Eso sí, recalca que los indicios de delitos de administración desleal o apropiación indebida atribuidos a Blesa deben ser esclarecidos en base al informe del Banco de España, fechado el 19 de abril de 2010, que reseñaba las "irregularidades" que rodearon el negocio. "Por más que contraste con la autorización previa del mismo organismo a la operación cuestionada", ironiza.
A juicio de los magistrados, la investigación deberá aclarar si el ex presidente de la caja madrileña, abusando de su cargo, "pudo disponer fraudulentamente de los bienes de esta o contraer obligaciones a su cargo, con el consiguiente perjuicio económico para la entidad financiera", socios o depositarios. "La forma de instrumentalizar la operación, dividiéndola en dos tramos, la posible elusión de controles, el precio pagado, teniendo en cuenta el momento económico en que se produjo la adquisición y la valoración de los activos de la entidad adquirida son elementos que apuntan indiciariamente a la tipicidad antes señalada, por lo que deben ser aclarados", argumenta.
Añade el auto, con ponencia del magistrado Carlos Fraile, que los indicios sobre la participación directa de Blesa, sean o no finalmente delictivos, se desprenden de que ostentaba el control de la entidad financiera puesto que "las decisiones que exigen la envergadura de los intereses económicos implicados solamente pueden tomarse al más alto nivel".
Ahora bien, el tribunal remarca que la "expectativa de pena" no es suficiente para configurar una posible huida y descarta también que el recurrente pueda destruir pruebas puesto que actualmente está desvinculado de la entidad bancaria. Blesa defendió que tenía arraigo y notoriedad y que había acudido "siempre de manera voluntaria e inmediata" a las comparecencias en el juzgado. En cuanto a la competencia del juez Silva, la Audiencia Provincial de Madrid pone de manifiesto que el instructor reconoció que esta causa carecía de "conexidad" con la investigación del crédito al jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Al descartar esta relación, los magistrados estiman que "no debió sustraer la denuncia a reparto".
Pese a ello, recalcan que esta atribución no vulneró el derecho de Blesa al juez predeterminado por la Ley, tal y como establece la doctrina del Tribunal Supremo sobre "discrepancias de índole técnica" en materia de interpretación de reglas de competencia entre juzgados de lo Penal. Los magistrados también subrayan que la medida cautelar solicitada para Blesa se adoptó sin que se hubiera producido la "personación en forma" de Manos Limpias y que, por lo tanto, el sindicato no ostentaba la condición de parte al no haber pagado fianza ni interpuesto querella como acusación popular.
En su recurso, el abogado defensor manifestó que el juez Silva se arrogó la competencia para instruir la causa del City National Bank de forma incompetente y vulnerando los derechos fundamentales de su cliente. A su juicio, abrió esta pieza tras recibir una denuncia de Manos Limpias, que buscaba "el juez de su conveniencia".
La defensa de Blesa también advertía de la falta de legitimación de la acusación para intervenir en estas diligencias y solicitar la prisión provisional y la retirada del pasaporte de su representado ya que "ni es perjudicado del supuesto delito, ni se ha personado en las diligencias ordenadas deducir, ni ha presentado querella ni depositado fianza".
En el marco de la causa sobre el préstamo de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán -anulada por la Sección 30 de la Audiencia de Madrid--, el juez Silva abrió una pieza separada para investigar a Blesa por la compra, en abril de 2008, del 83% del City National Bank de Florida por 927 millones de dólares. Caja Madrid se hizo con la totalidad de la entidad estadounidense en 2010 aportando otros 190 millones de dólares. Silva vio indicios "muy relevantes" de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.
