La normativa para vehículos de alquiler con conductor (VTC) acordada entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid obligará que estos coches, los que dan servicio a las plataformas Uber y Cabify, estén a una distancia mínima de entre 300 y 500 metros del cliente que contrata sus servicios. La distancia exacta deberá ser concretada por cada municipio, según consta en el borrador del proyecto de ley con el que se materializará el acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento.
El texto ha sido presentado esta tarde tanto a la patronal de VTC como a las asociaciones de taxistas con el fin de que pongan fin al paro indefinido que secundan desde el lunes para reclamar una regulación para las VTC.
La nueva ley establece además que, como primer requisito para que los VTC circulen, además de la autorización que ya tienen, obtengan una licencia urbana expedida por el municipio del que se trate. Los criterios para la concesión y consecución de esta licencia podría abrir la puerta a limitar el número de coches de VTC actualmente en circulación, especialmente en el caso de Madrid.
La capital es la ciudad que más VTC tiene actualmente, dado que suma 6.559 coches de este tipo, uno por alrededor de cada dos taxis, y la mitad de los que existen en todo el país, según datos oficiales del Ministerio de Fomento de cierre de 2018. En cuanto a los criterios para la contratación de sus servicios, donde estaba la clave de las negociaciones y la principal reivindicación de los taxistas, las dos administraciones de Madrid han decidido optar por establecer parámetros de distancia entre el vehículo solicitado y el viajero, en vez de tiempo.
De esta forma regular de forma distinta a como lo está haciendo Cataluña, cuyo Govern prevé aprobar el próximo martes un Decreto que obligará a contratar un VTC con al menos quince minutos de antelación, periodo de tiempo que Barcelona podría elevar hasta una hora.
En el caso de Madrid, se fijará que el vehículo VTC "deberá encontrarse situado a una distancia mínima de 300 metros respecto de la ubicación de la persona que contrate el servicio". No obstante, "al objeto de mejorar la gestión de la movilidad interior de viajeros y garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios", los municipios podrán incrementar, mediante ordenanza, la distancia mínima de precontratación hasta un máximo de 500 metros.
En este caso, tendrán que hacerlo "respetando el criterio de proporcionalidad" conforme a diferentes aspectos, como son la afección al dominio público, al tráfico urbano, la circulación de vehículos y afección al estacionamiento en vía pública.
