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LOS PROVEEDORES QUE PERDONEN DEUDAS COBRARÁN ANTES

Los ayuntamientos deben notificar sus deudas a Hacienda antes de abril

Las corporaciones locales deberán dar cuenta a Hacienda de las facturas que tienen sin pagar para que el Gobierno ponga en marcha un plan financiero que ayudará a saldar las deudas que empresas y autónomos tienen con las administraciones públicas.

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.

"Exige a los ayuntamientos un plan de ajuste"

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que se trata de poner "orden" y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.

El mecanismo de financiación, que estará vigente durante 2012, fijará como criterios para la prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago o la antigüedad de la factura.

Junto con ello, adelantó una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores.

Una vez se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.

"Lo constitucional es garantizar el derecho al trabajo"
Sáenz de Santamaría ha expresado su "respeto" a la decisión del PSOE de recurrir la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional si ésta no se modifica en el Parlamento, pero ha precisado que, con 5,2 millones de parados, "lo más constitucional" que se puede hacer es garantizar el derecho al trabajo.

"Yo respeto, como no puede ser de otra manera, las decisiones de la oposición, pero con 5,2 millones de parados, lo más constitucional que podemos hacer todos es trabajar para hacer efectivo el artículo 35 de la Constitución, que recoge el derecho al trabajo", ha dicho la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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