En España hay 8.114 municipios y un tercio de ellos están en riesgo de quiebra. No es que su prima de riesgo suba o que sus bonos hayan marcado ningún récord, sino que no tienen ni para pagar la luz. Es lo que pasa en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y a punto ha estado de pasar al ayuntamiento de Moaña, en Galicia. No tienen para pagar a la compañía eléctrica y estos les dejan a oscuras.
Y si llaman al teléfono municipal de Barbate, esta es la respuesta: "En este momento todas las líneas están libres, pero no nos apetece atender su llamada, así que a tomar viento fresco". El Ayuntamiento le debe 30.000 euros a su anterior empresa de telefonía y ahora el consistorio investiga si esta respuesta es el boicot por no pagar.
En un pueblo de Cádiz y otro de Granada, la policía patrulla en autobús porque no hay dinero para gasolina. Todos los vehículos municipales están en un almacén. Las gasolineras tienen orden expresa de no servir carburante a los vehículos del Ayuntamiento porque la deuda se cuenta ya en cientos de miles de euros.
En Cacabelos, León, los embargos municipales alcanzan la cantidad de un millón de euros. Su alcalde llegó a jugar al euromillón como medida desesperada. No hubo suerte.
En Moratalla, en Murcia, un centenar de empleados municipales se concentraron hace poco ante la sede del gobierno regional para reclamar que llevan seis meses sin cobrar.
En Moyá, Barcelona, los funcionarios municipales cobran gracias a la Generalitat y a la Diputación Provincial, porque la deuda del Ayuntamiento es del 375%, cuando lo máximo permitido por la ley es del 75%. Eso ha ocurrido porque en plena burbuja inmobiliaria, se construyeron infinidad de servicios, propios de una ciudad mucho más importante.
Es el principal mal de los cientos de ayuntamientos que se reconocen en quiebra técnica. España es el tercer país de la Unión Europea con una mayor proporción de municipios de menos de 30.000 habitantes y el 30% de sus presupuestos se destina a pagar las nóminas de los funcionarios.
