El Gobierno de Madrid ha defendido su plan para que los ayuntamientos puedan solicitar desempleados que cobren prestación para realizar obras y servicios, una medida que ha sido criticada por la oposición porque no contempla retribuciones específicas. También por los sindicatos, que estudian su legalidad.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el llamado programa de recualificación profesional está amparado por un decreto aprobado en 1982 e impulsado por los socialistas en el Gobierno. El Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) publicó este martes la Orden de la Consejería de Empleo por la que se regulan las subvenciones para la colaboración con los ayuntamientos en este programa, por el que pueden solicitar hasta un centenar de desempleados que cobren prestación para realizar obras y servicios.
La secretaria de Políticas de Empleo de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, ha denunciado que se trata de "una nueva medida" del Gobierno de Ignacio González que discrimina a los desempleados sin ayudas y "pone en grave riesgo" la estabilidad del empleo en las administraciones locales.
Desde la Comunidad, sin embargo, su titular de Empleo, Ana Isabel Mariño, ha criticado que sindicatos y partidos de izquierda no se hayan opuesto "hasta ahora" a un decreto que lleva aprobado desde 1982, "un decreto socialista -ha dicho- que han aplicado desde (José Luis Rodríguez) Zapatero hasta Andalucía o Cataluña". Mariño ha subrayado que el Gobierno regional se ha fijado como objetivo que "todos" los desempleados madrileños -cobren o no prestación- retornen al mundo laboral, y ha defendido este plan de colaboración social por el que los parados trabajarán un máximo de seis meses en una jornada laboral de ocho horas incluida la formación.
A su juicio, el programa está siendo un éxito en los municipios donde se ha aplicado hasta ahora y existe una "fuerte demanda", como ocurre en Móstoles, donde hay una lista de espera de un centenar de desempleados, según fuentes municipales.
También ha valorado el plan la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien ha asegurado que "no es una nueva medida" sino que "está en vigor y se puede suscribir este tipo de convenios entre las administraciones públicas y el Servicio Público de Empleo Estatal desde 1982". La ministra ha incidido en que "no es una medida del Gobierno del PP" y ha asegurado que "la utilizan todas las comunidades de España", de tal forma que las regiones que más la usan son "Murcia, Andalucía y Asturias, por este orden", ha concretado.
Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha calificado el programa de "economía sumergida" y "empleo encubierto" y ha considerado que se trata de una nueva "discriminación" para los parados que no perciben ningún tipo de prestación. El diputado de IU Gaspar Llamazares ha denunciado este tipo de mano de obra "casi esclava" y "a bajo precio" que, a su juicio, pretende imponer el Gobierno regional.
En el Ayuntamiento de Madrid, IU ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella, que "a la mayor brevedad posible" se comprometa a no solicitar a personas en paro para trabajar "gratis" en tareas municipales, según establece la medida recogida en el BOCM. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han puesto en duda la legalidad del plan madrileño y han dicho que van a estudiar si es inconstitucional.
