En su Informe Anual de 2018 publicado este martes, la entidad vuelve a poner de manifiesto la urgencia de acometer una reforma del sistema de pensiones que actúe sobre ingresos y gastos, retomando propuestas que ya había puesto encima de la mesa como el retraso de la edad de jubilación y el ajuste de la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y al crecimiento del PIB (factor de sostenibilidad).
Una vez superadas las citas electorales - Elecciones Generales, Autonómicas, Municupales y Europeas-, el supervisor financiero español insta a los partidos políticos a llegar a un acuerdo tan pronto como sea para reformar el sistema público de pensiones.
Fuentes de la Dirección General de Economía y Estadística de la entidad han señalado que hay factores que pueden dificultar que se tomen determinadas decisiones políticas, como el hecho de que se hace mayor el votante mediano (valor medio en un conjunto de datos ordenado), lo que incrementará el apoyo social a medidas que favorezcan un aumento de renta de la población de mayor edad.
A juicio del Banco de España, esto podría hipotecar el bienestar de las generaciones presentes y futuras sobre las que recaería el peso de la carga de deuda, que ya se encuentra en niveles elevados. Asimismo, la Dirección General de Economía y Estadística ha cuestionado que las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones tengan que descansar en un "consenso absoluto", cuando uno "razonablemente amplio" podría ser suficiente para no retrasar decisiones que se deberían tomar cuanto antes.
En el informe anual, la entidad dice que el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años, aprobado en 2011 y que se está llevando a cabo de manera progresiva hasta 2027, no ha propiciado de momento un aumento de la edad efectiva de jubilación, que sigue por debajo de los 65 años.
Por ello, cree que se debe "reconsiderar" la relación entre las prestaciones del sistema y la edad a la que se reciben, acompasando la entrada en la jubilación y la cuantía de la pensión al aumento de la longevidad.
En este sentido, recuerda que hasta ahora existían mecanismos de ajuste automático introducidos en la reforma de pensiones de 2013, pero que han quedado en suspenso tras volverse a revalorizar las pensiones con el IPC y después de retrasar a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
Asimismo, la entidad reclama una mayor transparencia y predictibilidad del sistema, para que los trabajadores sepan qué derechos de pensión van acumulando, y aboga por un aumento del ahorro privado que sirva para complementar la prestación pública.
El Banco de España también avisa de que el envejecimiento de la población no solo va a presionar el gasto en pensiones, sanidad o dependencia, sino que también afectará al consumo, la inversión, el empleo, la productividad, la innovación o la formación de salarios y precios.
Incluso impactará en la política monetaria, dado que el menor crecimiento de la población en edad de trabajar hace probable que los tipos de interés se mantengan bajos para estimular la economía.
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