La patronal de los bancos españoles y de las cajas de ahorros se han comprometido a trasladar a sus respectivos socios la idoneidad de que expliquen a los deudores hipotecarios sus nuevos derechos, como la paralización de los desahucios.
Un compromiso que han adquirido con la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que esta semana en su comparecencia ante el Congreso explicó que la institución que dirige envió una solicitud a la AEB y a la CECA para que las entidades informaran a los deudores de los derechos que se derivan de la aprobación de la ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
La citada ley, que entró en vigor el pasado 16 de mayo, establece la paralización de los alzamientos de las viviendas durante dos años en caso de los colectivos más vulnerables o la posibilidad de reestructurar la deuda hipotecaria. Además, tal y como establece la norma, los jueces pueden suspender los desalojos de viviendas si consideran que la hipoteca que firmaron los afectados para la compra de su piso incluye cláusulas abusivas.
La norma, aprobada por el Senado el 8 de mayo, vio la luz en medio de "circunstancias excepcionales", fruto de la crisis económica y financiera, como indica su preámbulo, y tras una movilización social en la que Plataforma Antidesahucios (PAH), a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), recogió más de 600.000 firmas para cambiar la Ley Hipotecaria.
