Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato deberán pagar hoy sus fianzas de 16 y 3 millones de euros, respectivamente, que les impuso el juez Fernando Andreu por el escándalo de las tarjetas opacas para evitar que sus bienes sean embargados. Por el momento, Blesa ya ha asumido que no tiene la capacidad económica suficiente para hacer frente a esa cantidad, por lo que ha tratado de que sea la aseguradora Mapfre la que cubra la cuantía al entender que la cobertura de responsabilidad civil forma parte de la póliza contratada.
La aseguradora tiene suscrita junto con Allianz Global y Liberty International una póliza para cubrir la responsabilidad civil de los antiguos consejeros de la caja y de Bankia. Sin embargo, el exbanquero se arriesga a que Mapfre pueda reclamarle los 16 millones en el futuro si es declarado culpable por estos hechos, ya que las pólizas excluyen la cobertura de responsabilidades civiles y penales en el caso de que haya existido una voluntad o dolo de provocar el daño.
En el caso de que Rato pueda hacer frente a su fianza, podrá pagarla mediante transferencia, aportando un inventario de bienes o avales bancarios. De no abonar las cantidades exigidas, el magistrado iniciará una averiguación patrimonial de los imputados, pidiendo a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que disponen. Una vez tenga la lista completa, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos o pensiones.
Si tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre las mismas. Andreu fijó estas fianzas ante la "necesidad real" de asegurar sus responsabilidades civiles, pues cree que los dos "consintieron" y "propiciaron" el uso indebido de fondos de la caja mediante un sistema de tarjetas opacas cuyos gastos, que ascendieron a 15,25 millones entre 1999 y 2012, se contabilizaron de forma encubierta para "evitar" los controles de auditores y supervisores.
Por todo ello los señalaba como presuntos autores de un delito de administración desleal, que el Código Penal castiga con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión o una multa tres veces superior al beneficio obtenido.
