España prohibirá las bolsas de plástico en 2021 y las cobrará de forma obligatoria a partir de este domingo, según establece el Real Decreto que regula la prohibición total de las bolsas de plástico y que el Gobierno anterior aprobó el pasado 18 de mayo.
La obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico de un solo uso, cuyo precio oscilará entre los 5 y los 15 céntimos de euro, es un paso intermedio para desincentivar su consumo, ya que la prohibición total de las mismas entrará en vigor en 2021.
Durante la presentación del Real Decreto, la entonces ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina explicó que desde 2021 quedarán prohibidas todas las bolsas ligeras (entre 15 micras y 50) y las muy ligeras (menos de 15 micras) que no sean biodegradables.
Desde este domingo, únicamente no se cobrarán las muy ligeras, que se utilizan en los alimentos por "razones de higiene y para fomentar el consumo a granel, y evitar sobreenvases y el desperdicio alimentario". En concreto, en el caso de las bolsas de espesor inferior a 15 micras el precio será de 5 céntimos de euro por bolsa; en las bolsas de entre 15 y 49 micras, de 15 céntimos de euro por bolsa; en las de 50 o más micras, el precio será también de 15 céntimos de euro por unidad y en aquellas con un espesor igual o superior a las 50 micras, con contenido igual o superior a un 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%, el precio será de 10 céntimos de euro por bolsa.
Otro paso intermedio llegará en enero de 2020 cuando de acuerdo con el Real Decreto se prohibirán las bolsas de plástico fragmentables que Tejerina definió como "especialmente dañinas" porque tienen aditivos y un mayor impacto y las muy gruesas, que deberán llevar un 50% de plástico reciclado.
Inicialmente, la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico estaba prevista para enero de 2018, aunque posteriormente se retrasó al 1 de marzo, fecha en que volvió a quedar en suspenso a la espera del dictamen del Consejo de Estado, antes de su aprobación definitiva.
La normativa contempla también una campaña de sensibilización con información para los usuarios así como un registro de productores, con el fin de evaluar y dar cuenta de cómo España cumple con los objetivos.
