En cuanto a la percepción que tienen los ciudadanos de este problema, el 95 por ciento de los españoles encuestados sienten que la corrupción es un problema "muy extendido" en su país, y sólo un 11 por ciento cree que el Gobierno hace los esfuerzos necesarios para combatir estas irregularidades, según un Eurobarómetro publicado por el Ejecutivo comunitario.
En un informe sobre la corrupción en España, Bruselas pide una auditoría externa anual para cada formación política y que publiquen 'on line' su cuenta de resultados, incluidos los préstamos, al tiempo que recomienda "prestar mayor atención a la supervisión de los riesgos asociados a las donaciones procedentes de empresas que tengan contratos con el Estado".
El documento, de 16 páginas, repasa las reformas emprendidas en los últimos años por el Gobierno, como, por ejemplo, la Ley de Transparencia que considera un "importante paso adelante", pero insuficiente porque no cuenta con "garantías suficientes para la independencia" de su mecanismo de control.
También se hace eco, aunque sin nombrarlos explícitamente, de alguno de los casos más sonados en España, como la investigación que afecta "a un extesorero de un partido político y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas", en referencia al llamado 'caso Bárcenas'.
Sin embargo, no hace referencia a las investigaciones que afectan a la Casa Real, porque, según se ha justificado la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, en una rueda de prensa en Bruselas, la evaluación que han llevado a cabo sus servicios no se ha ocupado de procesos en curso.
Otro de los principales problemas que señala el Ejecutivo comunitario en la lucha contra la corrupción en España figura la eficacia "insuficiente" de los "controles y equilibrios" en el gasto público a nivel regional y local. "Las amplias competencias atribuidas (a las regiones y municipios) no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada", indica el texto.
Además, apunta el "alto riesgo" de corruptelas en los sectores de la construcción y en la recogida de basuras de acuerdo al alto número de investigaciones iniciadas en estos sectores por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Entre sus recomendaciones específicas a España, Bruselas alerta de que el país no cuenta con "normas específicas que protejan" a quienes denuncian los casos de corrupción y pide un "marco reglamentado centrado" en la protección de quienes destapan las prácticas irregularidades.
Tampoco ve con buenos ojos que no haya códigos de conducta para los cargos electos, ya sea a nivel nacional, regional o local, ni que se prevean sanciones por posibles corruptelas, más allá de las de carácter penal.
Según los datos de Eurobarómetros recientes, el 95% de los españoles cree que la corrupción es un problema "muy extendido" en su país, frente a la media del 76% en el conjunto de la UE, y el 63 % de los españoles (la media más alta de toda la UE) cree que la corrupción le ha afectado personalmente en su vida cotidiana.
Además, solo el 11 % de los españoles cree que el Gobierno hace los esfuerzos necesarios para frenar la corrupción y apenas un 10 % opina que hay suficientes procedimientos judiciales se llevan a cabo con éxito.
Desde el punto de vista empresarial, el 54 % de los españoles responde que la corrupción es un problema "muy o bastante serio" al que debe hacer frente cuando hace negocios en España.
Entre los europeos, el 56 % de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado en los tres últimos años en su país, una percepción más marcada en España, en donde el 77 % de los encuestados -el porcentaje más alto de la UE-- cree que ha aumentado el nivel de estas prácticas irregulares. Tras España, Eslovenia y República Checa, con un 76 %, e Italia (74 %) y Portugal (72 %) son los países cuyos ciudadanos opinan que se han incrementado los casos.
En la presentación de su primer informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, con conclusiones para todos los Estados miembros, la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, ha alertado de que las prácticas corruptas tienen un coste de "120.000 millones de euros cada año" para la Unión europea y ha lamentado que, si bien muchos de los Estados miembros tienen leyes específicas para luchar contra estos delitos, no siempre las aplican.
"Las instituciones (de vigilancia) están ahí, pero no siempre funcionan", ha dicho la comisaria en una rueda de prensa en Bruselas, en la que también ha indicado que la crisis económica parece haber "impulsado" los casos de corrupción en la UE, sobre todo a escala regional y local, pero ha advertido de que no existen datos específicos por ser este el primer análisis que se realiza.
