Bruselas saca a España de la lista de países a los que se abrirá un expediente por déficit excesivo

Buenas noticias para España, Bruselas ha salvado a nuestro país de un procedimiento de déficit excesivo argumentando que vaticinan, en función de las previsiones económicas tanto del Ejecutivo como de la Comisión, que bajará hasta el umbral del 3% a lo largo de este año.

España cerró 2023 con un déficit del 3,6%, seis décimas por encima de lo pactado, pero Bruselas considera que en vistas de las buenas perspectivas económicas este incumplimiento es "temporal".

Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha avisado no obstante que "en cualquier caso, la Comisión seguirá observando la evolución presupuestaria en España y volverá a evaluar la situación en otoño". Además ha añadido que la reactivación de las reglas fiscales no quiere decir una vuelta a la normalidad, "porque no vivimos tiempos normales" y "mucho menos, volver a la austeridad, porque esto sería un terrible error".

Bruselas tiene en cuenta el incremento del gasto en defensa, así como el ratio de la deuda pública respecto al PIB que debe situarse por debajo del 60% y que a cierre de 2023 alcanzó en España el 107,7%.

Este punto negro en los datos de España la sitúan como el cuarto país con la cifra más elevada por detrás de Grecia, Italia y Francia. Para todos estos territorios sigue la obligación de reducir su deuda pública de media un punto porcentual al año.

Para Bruselas la apertura de un procedimiento de déficit excesivo solo se justifica en el caso de Bélgica, Francia, Italia, Hungría Malta, Polonia y Eslovaquia. A todos ellos se les impondrán medidas correctivas.

También deja fuera de la lista negra a España en lo que se refiere a países con desequilibrios macroeconómicos, ya que considera que las vulnerabilidades han disminuido.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico de la Comisión, ha indicado que los expedientes se lanzarán en julio mientras que las recomendaciones para corregir los déficits excesivos llegarán en otoño.

Otro de los deberes que pone Bruselas a los Estados miembros es preparar y presentar antes del día 20 de septiembre los planes fiscales y estructurales a medio plazo. En ellos se recogerán las sendas de gasto para los próximos cuatro años, ampliables a siete, junto con los compromisos de reformas e inversiones que se sustentan en las recomendaciones económicas propuestas por la Comisión.

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