El empresario valenciano Ángel de Cabo, que en junio de 2010 adquirió Marsans al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, mantuvo al único hijo varón de éste en una de las sociedades del grupo, Trapsa, con un sueldo mensual neto de 12.500 euros.
Así lo revela un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la "operación Crucero" en la que investiga el vaciamiento patrimonial del grupo turístico.
El informe señala que, tras la toma de control de Trapsa por parte de De Cabo, Gerardo Díaz Santamaría "mantuvo la vinculación con esta mercantil y, aunque cesó como consejero, continuó como apoderado de la entidad y, según parece (...), percibiendo unas elevadas retribuciones".
La policía intervino durante los registros ordenados por el juez un documento de nueve páginas con el listado de empleados del Grupo Marsans y de Nueva Rumasa adquiridas por De Cabo en el que "figura Gerardo Díaz Santamaría como empleado de Trapsa con un sueldo líquido mensual de 12.500 euros".
Según el informe policial, la documentación intervenida acredita la intervención del hijo de Díaz Ferrán "en actos y negocios jurídicos realizados con posterioridad a las transmisiones Possibilitum", la sociedad de Ángel de Cabo.
La UDEF señala, en este sentido, que en 2010 y 2011, después de la llegada del empresario valenciano, Trapsa vendió activos por un importe de 15,6 millones de euros, y detalla algunas de las operaciones en las que intervino Díaz Santamaría. Entre ellas figuran la venta a mercantiles de De Cabo de las sociedades propietarias de la finca El Alamín, situada en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar y que cuenta con un castillo calificado bien de interés cultural.
Bajo la representación del hijo de Díaz Ferrán, Trapsa traspasó a De Cabo algunas concesiones sobre gimnasios y centros deportivos y vendió otras de transporte de viajeros o de transporte escolar. Además, ya en 2011 y como administrador único de la sociedad Transportes Logísticos Arkotrap, Díaz Santamaría autorizó la venta de inmuebles en la República Dominicana y firmó documentos otorgando poderes a favor de un empleado de De Cabo.
Durante su declaración como imputado ante el juez Velasco el pasado marzo, el hijo del expresidente de la CEOE aseguró que nunca colaboró con De Cabo en el vaciamiento del Grupo Marsans con el objeto de esconder los bienes de su padre frente a sus acreedores.
Díaz Santamaría, que está acusado de un delito de alzamiento de bienes, fue expresamente preguntado por las citadas operaciones de venta de concesiones de transportes o de explotaciones de centros de ocio o deportivos que las acusaciones consideran "ficticias" e ideadas por el equipo jurídico de De Cabo.
El imputado señaló que las disposiciones de activos no tuvieron nunca ese objetivo y, refiriéndose en concreto a las primeras, afirmó que lo hizo a petición de su padre y sin saber nunca que acabarían en manos del empresario valenciano.
Tanto De Cabo como Díaz Ferrán están en prisión preventiva desde el pasado diciembre por orden del magistrado, y el expresidente de la CEOE acaba de solicitar que se le asigne una cantidad mensual para sus gastos y los de su mujer alegando que su situación es crítica y que necesita el dinero para su subsistencia.
