La Generalitat catalana garantizará la atención sanitaria a las 600.000 personas --8% de la población catalana-- que según el nuevo Real Decreto estatal que entra en vigor el sábado deberían quedar excluidas del acceso al sistema sanitario público no urgente, ha anunciado en rueda de prensa el conseller de Salud del Govern, Boi Ruiz.
De estas 600.000 personas, 180.000 son extranjeros en situación irregular y 420.000 son españoles que no constan en la Seguridad Social, y que pertenecen a órdenes religiosas, profesiones liberales, no tienen recursos, no cotizan en la Seguridad Social o bien tienen rentas superiores a los 100.000 euros.
Este grupo seguirá manteniendo la misma atención y prestaciones sanitarias si lleva más de un año en Cataluña, y serán las personas que acaben de llegar quienes deban acreditar ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una estancia en el país de más de tres meses para acceder a un documento de acreditación de asistencia.
Descarta un 'efecto llamada'
Esta acreditación les dará derecho a la atención primaria, vacunas y urgencias, y a partir de un año también de atención especializada, como el resto de ciudadanos: "Ningún ciudadano de Cataluña se quedará sin derecho a la atención sanitaria", ha aseverado Ruiz, quien ha descartado un 'efecto llamada' de ciudadanos para disfrutar de asistencia.
Ruiz ha defendido que la Generalitat cumple de esta forma con el decreto estatal, pero da "un paso más allá" en la atención sanitaria, que en Cataluña irá vinculada a un derecho de ciudadanía y no de condición de asegurado de la Seguridad Social.
El plan catalán de acceso a la sanidad pública establece un periodo de seis meses para regularizar la situación de estas 600.000 personas, que se llevará a cabo de forma automática en el caso de la mayoría de las que acudan al médico en el mismo centro de atención primaria (CAP).
Este periodo transitorio de seis meses debe servir para arreglar la situación, pero "mientras, se les mantendrá la cobertura que ahora tienen acreditada", ha asegurado el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa.
Padrosa ha especificado que estas personas deberán acreditar documentalmente su identidad, padrón de mínimo de tres meses y declaración jurada de que tiene unos ingresos anuales de menos de 100.000 euros.
Para "estrechar los mecanismos de persecución del turismo sanitario" de países sin convenio sanitario con España, Salud ha establecido este mínimo de tres meses para extender el documento de acreditación de asistencia, que da derecho a la atención primaria, han explicado el conseller y Padrosa.
Tarjeta alternativa
El documento de acreditación de asistencia será igual que la tarjeta sanitaria individual (TSI), pero tendrá una identificación distinta en la parte inferior, y deberá renovarse cada año, dando acceso a la atención especializada a partir del primer año de renovación.
Esta 'tarjeta sanitaria alternativa' sólo será válida en el territorio catalán, a diferencia de la TSI convencional que se puede utilizar en Cataluña, el resto de comunidades de España y otros países de la UE.
De esta forma, se cumple el compromiso del conseller de prestar atención sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles', a los que al igual que al resto de ciudadanos con tarjeta sanitaria distinta se les valorará de forma individual en el caso de que requieran una atención especializada cuando todavía no han superado la fase de un año para gozar de este nivel de cobertura.
