Cataluña mantendrá la tasa de un euro por receta, que implantó el pasado junio, y Madrid sigue con la intención de aplicarla desde enero, a pesar de que el Consejo de Estado haya considerado que esta medida "vulnera el orden constitucional", según un dictamen conocido hoy públicamente.
El máximo órgano consultivo del Gobierno argumenta que las autonomías "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública". El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que solicitó el informe, ha insistido en que recurrirá en el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de esas comunidades si no llega a un acuerdo con ellas, pues cree que no son competentes.
Pero el presidente de Madrid, Ignacio González, ha afirmado hoy que esa tasa sí entra dentro de las competencias de la comunidad, pues "no afecta" al coste de los medicamentos, sino que tiene una función disuasoria, si bien está dispuesto a "sentarse a hablar con el Gobierno para solventar discrepancias". El departamento de Salud de la Generalitat continúa amparándose en la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que dictaminó la constitucionalidad de la nueva tasa, y agrega que la opinión del Consejo de Estado "no es vinculante".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo tratará de "hacer entender" al Gobierno catalán la "inconstitucionalidad" de ese pago y la necesidad de su modificación, antes de acudir al TC. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que existe una mesa de diálogo abierta con la Generalitat para tratar la cuestión y e intentar evitar acudir al Constitucional. El plazo para llegar a un acuerdo en esas conversaciones termina a finales de diciembre, según Sanidad. En el caso de Madrid, "cuando sea, si es, una norma jurídica, se procederá de la misma manera", ha aclarado la vicepresidenta.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado que conocía el informe del Consejo de Estado desde hacía "bastante tiempo, seis meses" y González ha asegurado que él también lo sabía. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha calificado de "inadmisible" que el Gobierno y la ministra Mato conozcan desde junio el informe y se ha preguntado a qué esperan para recurrir el euro por receta, que supone "una desigualdad manifiesta" entre los españoles. El candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Pere Navarro, ha recordado que su partido ya se opuso a la tasa por "injusta".
El Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario". No se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat para establecer tributos, sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna". En el caso de Cataluña, abunda el Consejo de Estado, la tasa también "entra en conflicto" con el artículo 149.1.1 de la Constitución, pues "corresponde al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes".
La decisión del Consejo de Estado, que ha sido valorada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ha contado, no obstante, con tres votos particulares -Fernando Ledesma, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso-, que entienden que "no existen motivos suficientes" para considerar la inconstitucionalidad del euro por receta.
La Generalitat de Cataluña implantó la tasa farmacéutica con la intención de contribuir a financiar el sistema sanitario y moderar el consumo de medicamentos, con un pago máximo de 61 euros anuales y para productos de más de 1,67 euros. Sólo están exentos unos 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social, que son los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción, los de una pensión no contributiva, de la Ley de la Integración Social de los Minusválidos y del Fondo de Asistencia Social.
