Cinco claves para entender la limitación al 2% la revisión del IPC en los alquileres

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la limitación de la revisión de los alquileres al 2% pese a que el IPC, índice al que están referenciados la mayoría de los alquileres, y que en este mes de marzo ha alcanzado el 9,8%, la cifra más alta en 37 años.

¿Cuándo entra en vigor esta medida?

Una vez que se publique en el BOE y hasta el próximo 30 de junio, ya que el Gobierno justifica que esta medida es excepcional como consecuencia de las tensiones inflacionistas, que ahora ha acrecentado la guerra en Ucrania.

Pero ya hay quienes alertan de que esta medida podría extenderse en el tiempo si la situación no mejora. Y hay que recordar que el Gobierno prolongó medidas relacionadas con el alquiler que en teoría eran también excepcionales a causa del Estado de alarma, pero que luego se prolongaron hasta el pasado verano, es decir más de un año, como es el caso de las moratorias en el pago de los alquileres para grandes propietarios; las prórrogas extraordinarias de contratos que se acabaran en este tiempo o la suspensión de los desahucios, que sigue aún vigente hasta, en principio, el próximo mes de septiembre.

¿A quién afecta esta medida?

Esta medida solo afecta a los contratos que se tengan que actualizar durante estos tres meses, es decir, de abril a junio. Por tanto, no afectará a los que tenían que actualizarse en función del IPC de marzo o antes, y tampoco a los nuevos u otros supuestos, ya que solo se aplica a los ya existentes.

Diferencias entre propietarios particulares y profesionales

La medida del Gobierno vuelve a hacer una distinción entre grandes y pequeños propietarios, una distinción que ya es habitual en las medidas del Gobierno en materia de vivienda y que plantea dudas sobre su constitucionalidad.

Para los primeros -es decir aquellos que tengan más de 10 viviendas en alquiler-, el límite de la actualización del 2% es obligatoria. En el caso de los particulares, prima el acuerdo entre las partes. Es decir, podría subirse más allá del 2% si hay acuerdo, pero es difícil que el inquilino lo acepte cuando hay una normativa que le ampara en caso de que no haya acuerdo.

Pero, según explican desde el Ministerio, posibilidad de subir el alquiler entre las partes más allá del tope establecido por el Gobierno si hay acuerdo, es posible. Si no lo hay, tendrá que ser del 2%, lo que en la práctica supondrá que muchos inquilinos exigirán esta subida y se opondrán a superiores.

¿Por qué el 2%?

La LAU establece que los alquileres han de actualizarse en base al IPC salvo que las partes acuerden otro tipo de actualización. El Gobierno no va a reformar la LAU, sino que en el decreto aprobado en Consejo e Ministros establecerá ese límite en base al índice de Garantia de Competitividad (IGC), un índice que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), que establece una revisión de los precios, pero de la competitividad de nuestro país frente a la zona euro y que establece una revisión muy inferior a la que resulta de aplicar el IPC, ya que por ley no puede bajar del 0% ni subir más allá del 2%

¿Será efectiva?

El resultado de esta medida va a ser muy difícil de medir, ya que la mayoría de los propietarios, sobre todo los particulares, no trasladan una subida del 7 o el 8% a sus inquilinos, porque saben que eso puede poner en riesgo su relación contractual. Es decir, perder a su actual inquilino, que si es solvente y no da problemas, compensa tenerlo contento antes que tener que buscar nuevo arrendatario, adecuar de nuevo la vivienda, actualizar el contrato de alquiler, etc. Es decir, supone más dinero y tiempo.

Este tipo de medidas tienen muy buena venta en la opinión pública, sobre todo en momentos como el que vivimos. Pero además de estar en duda su efectividad, generan un gran ruido y mucha inseguridad, tanto en los propietarios particulares, como en los profesionales, que es a quien necesitamos para desarrollar el parque de vivienda asequible que necesita España.

El actual Gobierno tiene una tendencia a trasladar al sector privado las eventuales soluciones al problema del alquiler, cuando el grueso del ahorro de los españoles está en la vivienda y toda medida que afecte a este mercado, afecta al bolsillo de los españoles. Los propietarios también sufren los efectos de tensiones inflacionistas y los gastos asociados a una vivienda también suben.

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