El informe incorpora una modificación pactada entre PSOE y CiU que reclama un nuevo marco legal sobre la edad de jubilación "más basado en la flexibilidad y gradualidad", de manera que cualquier modificación del mismo se haga de manera "progresiva" y no de manera "homogénea y forzosa para el conjunto de las personas".
Esta propuesta, que modifica el texto aprobado el pasado 29 de diciembre, ha contado con el apoyo de PNV y CC, hasta sumar 186 escaños mientras que el PP se ha abstenido y ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD han votado en contra. Por contra, los votos particulares presentados por 'populares', minorías de izquierda y UPyD para hacer explícito el rechazo del Congreso al retraso de la edad de jubilación no prosperaron. El PP también se abstuvo en todos ellos, salvo en el suyo.
Tampoco prosperó el voto particular del PNV que reclamaba que se reconozca la posibilidad de que las comunidades autónomas utilicen "sistemas singulares o especializados" de gestión de las pensiones, sin afectar los principios de solidaridad y de la igualdad de derecho de todos los ciudadanos para acceder "en igual cuantía" a las prestaciones públicas.
La única propuesta aceptada por todos los grupos, entre las veintisiete modificaciones planteadas, fue la presentada de manera conjunta para hacer explícito el compromiso de los grupos en favor de la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones "basado en el reparto y la solidaridad".
El presidente de la Comisión del Pacto de Toledo, Juan Morano, ha abierto el debate señalando que el informe la Comisión marca las principales adaptaciones para el sistema de pensiones necesarias para garantizar su "sostenibilidad financiera.
