Las claves de la nueva Ley de Vivienda: bonificaciones para los propietarios que bajen el precio y prohibición de desahucios a vulnerables

El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior al Consejo, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, ha manifestado que con la aprobación de esta ley el Gobierno de coalición "cumple con sus compromisos y pretende garantizar que el acceso a la vivienda es un derecho".

Además, ha señalado que "la vivienda es algo indispensable y necesario para cualquier persona" y esta será "una potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad y exclusión". Califica dicha ley como "histórica" y destaca que, entre otros, servirá para "combatir los excesos de acceso al mercado inmobiliario" y ofrecerá "seguridad jurídica".

Limitar el precio del alquiler

Este anteproyecto permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas propietarias de más de diez viviendas. Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10 % sobre la última renta del contrato anterior.

Entre los objetivos de este anteproyecto de la nueva ley de Vivienda destacan: facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles, dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan y definir los aspectos fundamentales de la planificación y programación estatales en materia de vivienda, con objeto de favorecer el ejercicio del derecho constitucional en todo el territorio.

Zona tensionada

Esta ley de Vivienda establece que los propietarios de zonas tensionadas, aquellas en el que el alquiler suponga más de 30% de los ingresos medios de los hogares del ámbito, deberán mantener la misma renta a nuevos inquilinos. Se permitirán subidas de un máximo del 10% solo cuando el propietario haya rehabilitado el piso antes del vencimiento, si realizó obras que suponen un ahorro energético del 30%, haya mejorado la accesibilidad o se firme un contrato de 10 años o más de duración.

La declaración de zona tensionada tendrá una duración de tres años y se podrán hacer prórrogas de un año si persisten las circunstancias que motivaron la declaración.

Parque público

Para incrementar el parque público, establece la reserva del 30 % del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública y, de ese porcentaje, la mitad para alquiler.

Contención de rentas

El anteproyecto de ley establece también para los nuevos contratos una desgravación general del 50 % en el IRPF, modulable en función de diversos criterios hasta el 90 % de bonificación máxima para los caseros que rebajen un 5 % el precio de sus alquileres, han confirmado fuentes del ministerio.

Bonificaciones para los propietarios que bajen el precio

La ley también establece bonificaciones para los pequeños propietarios que decidan bajar los precios de sus viviendas en alquiler. Este incentivo se aplicará al IRPF y será de hasta un 90% cuando el propietario baje la renta del inquilino un 5% respecto al último año de contrato de arrendamiento.

Prohibición de desahucios a vulnerables

La nueva Ley de Vivienda también fijará una protección frente a posibles desahucios. Si la persona desahuciada se encuentra en situación de vulnerabilidad, se tendrá que suspender el lanzamiento hasta que las instituciones públicas le proporcionen una solución habitacional por un periodo de dos meses.

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