Continúa la polémica entre el Gobierno y los ayuntamientos por el acuerdo del superávit pactado el pasado 3 de agosto. En dicho acuerdo, los municipios aceptaron el plan de Hacienda para el uso de los ahorros en el que se pide a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado, una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido.
Alcaldes de todos los partidos, excepto del PSOE, rechazan que Hacienda disponga de sus ahorros. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que se debe revisar el acuerdo: "Seamos del color que seamos, de todos los partidos políticos, hemos dicho que este decreto es injusto y que, por lo tanto, habrá que revisarlo".
Sin embargo, el presidente de la la Federación Española de Municipios y provincias y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha considerado que todo se puede negociar pero que nadie aporta una alternativa y ha dicho que las criticas forman parte de una operación política: "Nadie propuso una alternativa a lo que yo estoy diciendo y sigo esperando la alternativa, el Ministerio sigue esperando la alternativa y no la hay".
El voto de Abel Caballero fue decisivo para romper el empate de votos a favor y en contra de dicho acuerdo ya que, al presidir dicha Federación, disponía del voto de calidad.
El PP anuncia acciones legales
Las críticas al acuerdo llegan por parte de los populares. El PP ya ha anunciado que emprenderá acciones legales. Los alcaldes gallegos que pertenecen al PP consideran que este acuerdo se trata de una "incautación" de sus ahorros.
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de "robar los ahorros de los vecinos": "Un gobierno, y lo decimos con toda claridad, que lo que quiere es intentar robar los ahorros de los vecinos".
