Comienza el juicio a los controladores de Baleares por el caos aéreo de 2010

El juicio a los más de 80 controladores de Baleares por el caos aéreo del puente de la Constitución en 2010 empezará este lunes y está previsto que se desarrolle en sesiones de octubre y diciembre, a pesar de que se prevé que se llegue a un acuerdo con la mayoría de los investigados.

En concreto, se han fijado sesiones del 8 al 11 de octubre y del 3 al 5, del 10 al 13 y del 17 al 21 de diciembre, a partir de las 09.45 horas en la Audiencia Provincial de Baleares.

Un requisito imprescindible para alcanzar este acuerdo es el pago previo de la responsabilidad civil, que se habría realizado en abril, tal como informó el sindicato de controladores aéreos (USCA). En concreto, explicó que todas las indemnizaciones se han pagado directamente a las acusaciones particulares y que en todo caso hay una cantidad en concreto que se ha consignado en el Juzgado de Madrid y que depende del despacho de abogados de los perjudicados recogerla.

Además, USCA opina que la Fiscalía debería mantener la unidad de criterio con el caso de los controladores de Madrid y aceptar el acuerdo por el que los controladores admitirían un delito de abandono de funciones, y no uno de sedición, como plantea alternativamente en Mallorca. Desde USCA han defendido que el delito de sedición "no cabe" y recuerdan que así lo consideró el juez en Madrid, por lo que se han preguntado por qué la Fiscalía lo mantiene en Mallorca.

Los controladores disconformes comenzarían el juicio el 3 de diciembre ya que serían los únicos que tendrán que declarar ante el juez y enfrentarse a los cargos presentados por la Fiscalía y por la acusación, entre la que se encuentra la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

El resto acudiría en turnos de ocho del 8 al 11 de octubre, para evitar colapsos, para aceptar formalmente el cargo de abandono de servicio y el pago de una indemnización.

En concreto, la Fiscalía acusa a 81 controladores de Baleares por el caos aéreo del puente de la Constitución en 2010. En febrero, el sindicato de controladores aéreos alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010. Sin embargo, la medida quedaba condicionada a la consecución de un acuerdo en Palma.

El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. Se abrieron más de veinte causas en juzgados de toda España, entre los que figuran además de Madrid y Palma, las causas ya archivadas en Valencia, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Sevilla y las resoluciones judiciales dictadas por los Juzgados de Instrucción de Granadilla de Abona (Canarias), Sevilla, San Cristóbal de la Laguna, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Reus, Sabadell, Bilbao, Santiago de Compostela y Santa Colomba de Farners (Girona).