El juicio al que fuera presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López Negrete y a otras ocho personas arranca en la Audiencia Nacional y tendrá 13 sesiones hasta abril, según ha acordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, encargada de juzgar los hechos. La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para Bernad, 24 años y 10 meses al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el 'caso Nóos', Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 16 y los 66 años y 10 meses de prisión. En ese segundo nivel, se encontraba el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación, Angel Garay para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.
Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pide 15 años y 11 meses de cárcel. Finalmente en un cuarto y último nivel ubica a la letrada López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses), Luis María Suárez (16 años).
"Cloacas del Estado"
El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha asegurado que ha sido víctima de "una gran criminalización y lapidación" diseñada "por las cloacas del Estado". En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar a la vista oral en la que se enfrenta a una petición fiscal de 25 años de prisión, Bernad ha señalado que este juicio "está contaminado desde el inicio". "Confiamos en que la sección cuarta de la Audiencia Nacional actúe con total responsabilidad y total respeto a esta sección y mi total rechazo a cómo se ha efectuado esta instrucción diseñada". El acusado ha explicado que el juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está denunciado por prevaricación continuada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como lo está en un juzgado de Madrid el policía de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que elaboró el informe. Bernad también ha denunciado a Podemos y al resto de acusaciones que ha tachado de "espúreas" y que han permitido una acusación "de abuso de poder y sin estar legitimadas
Una organización sin ánimo de lucro dedicada a extorsionar
El macrojuicio, cuya primera sesión tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), se celebra en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que se cerró el pasado mes de octubre tras más de dos años de investigación al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda. El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos -quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausban-. La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas. También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard.
También a la infanta
La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien "seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda" y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio. Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.
Publicidad o malas noticias
Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que preside Francisco González relacionadas con la investigación del caso 'Nóos'. En concreto los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga. Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato se iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza Castilla por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300.000 euros. Sumados a estos, se dieron caos en los que los acusados iniciaron campañas negativas por motivos personales contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, o contra el subsecretario de Sanidad en época de Elena Salgado, Fernando Puig de La Bellacasa.
Más empresas
Igualmente, el Ministerio Público menciona en el escrito de acusación los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras. El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con el que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.RTVA, BBVA Y CAIXA GERAL, El juicio oral arrancará con la retirada del mismo de RTVA, BBVA y Caixa Geral. Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión comunicó a la Audiencia Nacional que se retiraba del procedimiento contra Ausbanc y su presidente en el que participaba en calidad de actor civil perjudicado, si bien señaló que se reservaba la opción de reclamar por vía civil llegado el caso. Por su parte, el BBVA renunció a participar como acusación particular en julio de 2019 al entender que su presencia no aportaba "nada en el estado final del juicio" e incluso podía llegar a "dificultar el proceso". Caixa Geral, también personada en calidad de acusación, renunció un mes después de que lo hiciera BBVA. En su escrito ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional la entidad instaba no obstante a Fiscalía a seguir "sosteniendo las acciones penales y civiles en reclamación de la indemnización que a esta parte corresponda".
