"Dimos la bienvenida a las medidas anunciadas por el Ejecutivo español el pasado 30 de diciembre y también a la presentada, ahora tenemos que estudiarla con más detalle", respondió el portavoz comunitario Olivier Bailly ante las preguntas de los periodistas.
Bailly recordó que la CE ya ha evidenciado en otras ocasiones la falta de certeza que ofrecen este tipo de políticas como medio de aumentar los ingresos en las arcas públicas.
"Hemos tenido esta discusión con varios Estados miembros en lo que se refiere a la recaudación procedente de la lucha contra la evasión fiscal, ésta es una cifra no garantizada", recalcó el portavoz.
En efecto, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi presentó en septiembre un plan de ajuste que contaba con la lucha contra el fraude fiscal como una de las medidas estrella, lo que provocó que Bruselas expresara públicamente su preocupación y aumentó la presión de los mercados hasta forzar la dimisión de "Il Cavaliere".
"No sé si la cifra (más de 8 billones) presentada por España es creíble o no, pero sí es cierto que la Comisión Europea ha mostrado esta preocupación con todos los países que han planteado esta medida", señaló el portavoz.
Bailly explicó que la desconfianza del Ejecutivo europeo a que los países den demasiada importancia a la lucha contra el fraude como medida de recaudación se debe a que no se puede asegurar desde un principio qué cantidad de dinero se ingresará gracias a su puesta en marcha.
El portavoz recalcó que Bruselas respalda la lucha contra el fraude que llevan a cabo los Veintisiete y mencionó que a los países a los que se ha aconsejado que tomen medidas para sanear el estado de las finanzas públicas se les ha animado a dar pasos en este sentido.
"Es cierto que todos los países están poniendo en marcha medidas para fortalecer la lucha contra el fraude, es por eso que estamos observando con detenimiento qué tipo de medidas que están adoptando y somos muy prudentes cuando se trata de establecer cifras de recaudación muy concretas", indicó.
Respecto al control que la Administración central pretende realizar sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas antes de que sean aprobados, Bailly evitó hacer ningún tipo de valoración.
