Las comunidades autónomas podrán ser intervenidas si expresan su imposibilidad de atender sus obligaciones financieras, tal y como ha anunciado hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El alto cargo del Ministerio de Hacienda ha hecho este anuncio en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha dicho que una comunidad "podrá ser objeto de intervención si manifiesta imposibilidad de atender sus obligaciones financieras, que son gasto prioritario, como dice la Constitución".
Ha recordado que ayuntamientos y autonomías se han comprometido a cumplir los objetivos del déficit y ha dejado claro que "a partir de este momento se van a poner en marcha todos los mecanismos que la ley contempla para garantizar el cumplimiento de esos objetivos".
En este sentido, Beteta ha asegurado que el Gobierno "no va a dudar" en aplicar dichos mecanismos y si hay que intervenir una de estas administraciones se hará. "No vamos a mirar el color político" de la comunidad o el ayuntamiento, "que es irrelevante, sino la necesidad de que se cumpla la ley, que es absolutamente relevante", ha añadido.
Antonio Beteta ha recordado además que el Gobierno actuará no sólo en los casos en los que se incumpla el déficit, sino también cuando la administración en cuestión incurra en una "incapacidad de financiación", es decir, no pueda devolver sus gastos financieros.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha insistido en la necesidad de "terminar con todo tipo de dispendio" aunque con la obligación de mantener el Estado de bienestar. Tras asegurar que se están poniendo las bases de la "mayor operación de reforma financiera que ha experimentado nuestro país", Beteta ha subrayado que las cuentas de todas las administraciones tienen que estar "claras" y contar con una "gestión transparente" que verificará la administración del Estado en pro del interés general.
Por otro lado, Beteta ha recordado que las comunidades autónomas han presentado planes de ajuste por 10.000 millones de euros, que se suman a los otros 10.000 millones que se quieren ahorrar en sanidad y educación. No obstante, ha recordado que se han devuelto varios planes de ajuste "por inconsistentes" y porque incluyen ingresos que no están previstos
