El Pleno del Congreso de los Diputados ha mostrado su apoyo a la convalidación del real decreto ley que recoge la subida salarial de los funcionarios para 2020, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de enero, y que establece un incremento mínimo del 2% . En la defensa del real decreto, que contó con el apoyo de todas las formaciones a excepción de Vox, CUP y BNG que optaron por abstenerse, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, destacó que esta medida fue una de las primeras adoptadas por el Ejecutivo, que respondió al compromiso de hacerlo “a la mayor brevedad posible”. A este respecto, destacó que con este decreto el Gobierno cumple con los acuerdos de la Mesa de Negociación de la Función Pública, en este caso un acuerdo suscrito por el anterior Gobierno del PP en 2018. Además, defendió la necesidad de utilizar la figura del real decreto ley para que la subida pueda ser efectiva desde el 1 de enero pese a no contar con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). “Lo que hace el Gobierno es cumplir el acuerdo por la vía que establece el ordenamiento jurídico”, señaló.
A quiénes y cuánto sube el sueldo
Dicha subida, que beneficiará a alrededor de 2,5 millones de empleados públicos, fue pactada con los principales sindicatos de la función pública (CSIF, UGT y CCOO) en un acuerdo de marzo de 2018, firmado con carácter plurianual que establecía un aumento fijo del 2% y otro variable ligado al crecimiento del PIB en 2019. En concreto, para un crecimiento del PIB, igual o superior al 2,5% la subida variable sería de un 1% adicional, mientras que en caso de que el PIB de 2019 creciera un 2,4% la subida sería del 0,8%, en caso de crecer un 2,3% sería del 0,6%, de aumentar un 2,2% sería del 0,4% y de crecer un 2,1% sería del 0,2%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) adelantó su previsión de crecimiento del PIB de 2019, del 2%, por lo que, de cumplirse, los empleados públicos no se beneficiarían de la parte variable de la subida. Por otro lado, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva. El coste estimado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para esta subida salarial a los funcionarios es de 3.212 millones de euros de aplicarse sólo la parte fija, mientras que, en caso de que las distintas administraciones aprobasen la subida adicional del 0,3% el coste total alcanzaría los 3.264 millones y llegaría a los 4.575 millones en caso de aplicarse la subida variable máxima ligada al PIB del 1%, para una subida total del 3,3%.
Pensiones, a la espera de la negociación sobre su futuro
Todos los grupos parlamentarios del Congreso se han mostrado a favor del decreto ley del Gobierno que sube el 0,9 % las pensiones en 2020, salvo VOX y los representantes de la CUP y el BNG, que se integran en el grupo mixto, y que han anunciado su abstención. Las razones de estas abstenciones son muy diferentes, ya que mientras la CUP y el BNG lo hacen porque creen que un 0,9 % es insuficiente para mejorar la situación de las clases populares, VOX considera que la subida es una irresponsabilidad teniendo en cuenta el déficit que arrastra la Seguridad Social desde hace años. Durante el debate en el pleno del Congreso, el diputado de VOX Víctor González ha dicho que no apoyaría una medida que es contraria al interés general porque no está acompañada de una reducción del gasto ni de un pacto por la natalidad y porque trata de imponer una ideología "que promueve la inmigración masiva contra el invierno demográfico". El PP ha anunciado su voto favorable, pero con un discurso muy duro hacia el PSOE, al que ha acusado de servirse de las pensiones con fines políticos, frente a un PP que "mantuvo el poder adquisitivo de las pensiones" aun en momentos en los que no se podían pagar otras cosas. El diputado popular José Ignacio Echániz le ha advertido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que los "verdaderos adversarios" en materia de pensiones los va a tener dentro del Gobierno, ya que fue el grupo de Unidas Podemos el que rompió el preacuerdo alcanzado la pasada legislatura en el Pacto de Toledo. La diputada socialista Mercé Perea ha negado la mayor al PP, asegurando que los números demuestran que durante el Gobierno de Mariano Rajoy fue cuando se produjo la mayor pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, como consecuencia de un índice de revalorización que las mantuvo casi congeladas con subidas del 0,25 % anual.
