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NUEVA NORMA PARA PRODUCTOS FINANCIEROS

Los bancos aportarán 2.000 millones para compensar a los afectados por las preferentes

El Gobierno crea una comisión para que supervise los procesos de arbitraje en el canje de preferentes y fijará los criterios en estos procedimientos. Además, se aprueba una declaración de "buen gobierno corporativo" y la obligación de presentar un informe de remuneraciones que se remitirá a la CNMV.

El Consejo de Ministros ha aprobado una derrama extraordinaria de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del 3 por mil de los depósitos, cantidad con la que se conseguirá obtener entre 1.500 y 2.000 millnes de euros, que irá destinada a dotar de liquidez a los preferentistas de Novagalicia Banco y Catalunya Banc, según anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos.

"Lo que estamos haciendo es pedir a los bancos una cantidad extraordinaria de dinero para dotar de recursos al FGD para que pueda dotar de liquidez a estas participaciones preferentes", afirmó De Guindos en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. 

De Guindos ha señalado que esa derrama se va a distribuir por años, de modo que el 40% del total se dotará en los veinte primeros días de 2014. La comisión gestora del FGD fijará la cuantía, pero podrá establecer exenciones para eximir a las entidades intervenidas por el FROB, así como a las de pequeño tamaño, con un balance inferior a los 5.000 millones, y se tendrán en cuenta las aportaciones a la Sociedad gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Se planteará una derrama de 2.000 millones y el 40% se aportará en la próxima semana

El objetivo del Gobierno con esta fórmula es intentar primar a los inversores minoristas que adquirieron participaciones preferentes emitidas por la entidad gallega y la catalana.

Con este instrumento, los titulares de participaciones preferentes que las canjeen por títulos de Novagalicia Banco y Catalunya Banc recibirán un producto que podrá convertirse en líquido si así lo desean.

De este modo, se elimina la asimetría que estos inversores tenían con los preferentistas de Bankia, que pueden canjear estas participaciones por títulos de una entidad que cotiza en el mercado.

La vicepresidenta ha anunciado que se ha aprobado la creación de una comisión de seguimiento de alto nivel de los procedimientos de arbitraje por las preferentes presidida por la presidenta del CNMV y por un representante del Banco de España con el objetivo de proteger a los ahorradores. También estará presente el secretario general del Tesoro y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Comisión para supervisar los procedimientos de arbitraje
Esta comisión establerá los criterios que tienen que usarse en los procedimientos de arbitraje para que se lleven a cabo de forma adecuada y correcta. Estos criterios buscará proteger a los clientes más vulnerables.

Otro de los puntos de la nueva norma establece que todas las empresas del Ibex deberán presentar un informe de remuneraciones que da transparencia a las entidades privadas.  Además se limita el periodo de los consejeros independientes a un periodo de 12 años.

El ministro De Guindos explicó que este tipo de productos afecta actualmente a 300.000 personas y por lo tanto es un "problema real". La venta de preferentes se produjo sobre todo entre 2008 y 2009. "Si hubieramos tenido esta legislación hace siete años no tendríamos este problema", explicó.

El Gobierno obliga a las empresas del Ibex a presentar un informe de remuneraciones

Además, el Gobierno ha aprobado que el Fondo de Garantía de Depósitos aporte liquidez inmediata en los canjes de participaciones preferentes por títulos de Novagalicia Banco y de Catalunya Banc.o de Garantía de Depósitos

El objetivo, según informó la vicepresidenta, es proteger a los colectivos más sensibles, como los ancianos, de este tipo de productos de inversión complejos.

Además de estas cuestiones, el Consejo ha aprobado la oferta de empleo público para este año, con 422 plazas de nuevo ingreso.

El anteproyecto de ley de Propiedad Intelectual, que estaba previsto que se tramitase el viernes pasado, plantea medidas para asegurar una mayor transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, y cuenta con la oposición de las entidades de gestión y otros colectivos.

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